"El Parlamento egipcio debe rechazar un proyecto de ley que sustituiría al Código Procesal Penal de 1950", denunciaron las ONG en un comunicado, y justificaron que si se aprueba, "socavaría las ya debilitadas protecciones del derecho a un juicio justo".
Además, indicaron que el proyecto de ley "daría más poder a los fuerzas de seguridad que cometen abusos", lo cual "perpetuaría su impunidad" y consolidaría "un sistema judicial que facilite la violación de derechos fundamentales. Además, la ampliación de los poderes discrecionales de los fiscales socava aún más las garantías de un juicio justo".
El investigador sobre Egipto de AI, Mahmud Shalaby, señaló en un comunicado que el borrador "no garantiza el derecho de los detenidos a comparecer ante un juez en un periodo máximo de 48 horas tras la detención".
El presidente egipcio, Abdefaltah al Sisi, llamó el pasado agosto a reducir la duración máxima de la prisión preventiva, que actualmente es de dos años, y que ésta no se use como castigo.
"En lugar de aprovechar la oportunidad de introducir protecciones y salvaguardas muy necesarias para los derechos humanos de los detenidos y los acusados y poner fin a las detenciones arbitrarias, los legisladores egipcios tienen la intención de perpetuar los mismos marcos que facilitaron las violaciones pasadas y actuales", dijo, por su parte, el director del programa para Oriente Medio y el Norte de África de la Comisión Internacional de Juristas, Said Benarbia.
Está previsto que el proyecto de ley se debata en las sesiones plenarias del Consejo de los Diputados y podría aprobarse este mismo mes.