Estos son datos que se desprenden del estudio regional ‘Fortalecimiento del liderazgo político de mujeres rurales’, elaborado por la Fundación Contra la Violencia de Mujeres, Niños y Adolescentes (Fucvi) y que ha llegado a su fin este lunes.
Financiado por el Instituto Republicano Internacional (IRI) y la Red de Mujeres por la Democracia (WDN), este estudio también se llevó a cabo en Bolivia y Colombia.
“El proyecto nace de una preocupación ambiental de regresar la mirada al campo. Ya sabíamos que teníamos problemas de violencia de género, así que lo que hicimos fue volver a ver qué es lo que está pasando en el origen”, explicó a EFE Ana Luna, directora del proyecto en Ecuador.
Tras la realización de unas 300 encuestas a mujeres rurales e impartir talleres de liderazgo político en todas las provincias del país andino, entre junio y octubre de este año, desde Fucvi constataron la alta incidencia de la violencia política de género en el área rural.
Violencia política de género en el sector rural
Luna matizó que la violencia política de género no se materializa de la misma manera en todas las mujeres rurales. En este sentido, realizó una diferenciación entre aquellas que son políticas y ostentan algún cargo público, y quienes son lideresas en las comunidades.
Respecto a las primeras, la directora del proyecto señaló que éstas sufren este tipo de violencia “por parte de sus pares o sus binomios, de estar en una candidatura o en un puesto legislativo”.
Las discriminaciones más comunes que anotó son que las políticas no dispongan de un espacio propio donde trabajar, que se les asignen funciones menores, se les apaguen los micrófonos en sus intervenciones o que directamente no se les invite a intervenir.
Asimismo, agregó que a menudo se las crítica, tanto en redes sociales como fuera de ellas, no por sus capacidades, sino “por cómo se ven, cómo visten o si se maquillan o no”.
45 % de mujeres rurales sufre violencia de género
Por su parte, Luna especificó que las lideresas rurales “atraviesan un problema más grave que son sus leyes internas, donde las mujeres tienen que sobreponerse a ellas, a la dependencia económica de sus parejas y a la cultura de la comunidad”. En algunas de ellas el líder sólo puede ser varón, anotó.
Además, expresó que la violencia de género está “muy normalizada” en estos entornos “por la estructura machista y patriarcal que siempre se tuvo en las comunidades andinas”.
“Más allá de que una mujer quiera estar al frente de la comunidad, tiene que asumir su rol de mujer cuidadora y no necesariamente está bien visto que ella asuma puestos de decisión. Además, a menudo, es violentada por su pareja de diferentes formas, lo que se convierte en un problema agravante y por lo que muchas han tomado la decisión de salir de sus comunidades”, aseguró.
En ese sentido, esta investigación concluyó que las mujeres rurales sufren violencia machista en un 45 % de los casos.
Preguntada por las diferencias que existen entre enfrentar violencia política en las zonas urbanas y en la ruralidad, Luna declaró que esta realidad está más invisibilizada en el campo, donde hay “una ausencia del Estado”, no se garantiza el acceso a la justicia y las mujeres apenas están informadas de sus derechos.
Ante este escenario, del próximo 13 al 16 de noviembre, Luna estará presente en el encuentro en Colombia junto a quienes han llevado a cabo esta investigación en este último país y en Bolivia, con el fin de comparar los resultados y escribir un documento que se entregará a los diferentes Estados para exigirles que tomen partido.