El militar Daniel E.A., de 32 años, fue aprehendido esta madrugada en el límite entre las regiones amazónicas de Pando y Beni y será puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, informó el fiscal departamental de Pando, Freddy Durán, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.
Durán también precisó que en una audiencia de medidas cautelares se dispuso que los otros dos militares investigados, Luis F.D.S. y Gabriel A.L., "estarán detenidos preventivamente durante 90 días" en el penal de Villa Busch, en la ciudad de Cobija, la capital de Pando.
Los tres militares son investigados por la presunta violación sexual de una subteniente, ocurrida el pasado 20 de diciembre en el Batallón de Ingeniería VI 'Riosinho' en Pando.
La madre de la víctima señaló que la subteniente fue obligada por sus superiores a participar en una 'k'oa' o entrega de una ofrenda a la Madre Tierra durante la cual hubo consumo de bebidas alcohólicas.
La mujer contó que un coronel y un teniente forzaron a su hija a beber hasta perder la consciencia.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, la militar despertó al día siguiente en la oficina de un coronel, echada en el sillón, tapada con un mantel y sin ropa interior, y uno de los investigados estaba en el mismo lugar sin camiseta.
La víctima comentó además que los militares involucrados en el suceso filmaron con un teléfono móvil el momento en que uno de ellos cometió la agresión sexual, por lo que se abrió el caso.
La madre de la subteniente denunció que su hija trató de quitarse la vida ingiriendo veneno, ante el acoso posterior al suceso y que la amenazaron con echarla del Ejército si denunciaba lo ocurrido.
Las Fuerzas Armadas informaron en la víspera que abrieron una investigación interna ante esta denuncia y manifestaron "su más enérgica condena" y rechazo a "cualquier acto que atente contra la dignidad y los derechos" de sus miembros.
Por su parte, el Ministerio de Defensa ha indicado que espera los resultados de ese sumario informativo que determinará la "situación militar de todos los implicados".
El suceso fue condenado por la Defensoría del Pueblo, que también expresó su preocupación por los "reiterados casos de vulneración de derechos humanos", pese a los "esfuerzos realizados" para prevenir la violencia en los recintos militares.
La Defensoría informó además que en 2024 atendió 45 denuncias de vulneraciones de derechos humanos en estos recintos, que incluyeron casos de abusos y maltrato por parte de los instructores, deficiencias en la atención médica de los soldados y agresiones sexuales, entre otros.