Según se decidió en una reunión encabezada por el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, la empresa será "notificada" por la Abogacía General del Estado con el objetivo de que esclarezca sus nuevas políticas y, sobre todo, si serán aplicadas en Brasil, ya que hasta ahora Meta ha dicho que estarán limitadas a Estados Unidos.
"Toda empresa, nacional o internacional, tendrá que respetar la estructura legal brasileña", subrayó Costa, quien apuntó que Meta deberá precisar cuáles son sus planes en el país.
"En función de esa respuesta, podrá haber respuestas legales" por parte del Gobierno, apuntó el ministro, quien sostuvo que "la sociedad brasileña debe unirse en defensa de la libertad de expresión, pero por encima de todo, de la verdad y de los hechos".
Lula ya había criticado esta semana la decisión de Meta de acabar con sus programas de verificación de datos, la había considerado "extremadamente grave" y manifestado su preocupación por su posible aplicación en Brasil.
"Hay quien quiere que la comunicación digital no tenga la misma responsabilidad de quien comete un delito en la prensa escrita", dijo Lula el jueves sobre el cambio de políticas anunciado por la controladora de plataformas como Facebook, Instagram o Whatsapp.
"En verdad, lo que queremos es que cada país tenga su soberanía resguardada", pues "no pueden uno, dos o tres ciudadanos, creer que pueden herir la soberanía de una nación", agregó el mandatario.
El Ministerio Público de Brasil ya ha instado a Meta a explicar si sus nuevas políticas se aplicarán en el país y a partir de cuándo, y fijó un plazo de 30 días para que la empresa se pronuncie.
La decisión de Meta también ha sido comentada por el magistrado Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema que en 2023 llegó a suspender los servicios de la red X en Brasil por su negativa a cumplir decisiones judiciales sobre mensajes antidemocráticos.
"En Brasil, la Justicia Electoral y el Supremo ya demostraron que esta no es una tierra sin ley" y que las redes sociales "solo continuarán operando" en el país, "si respetan la legislación brasileña, independientemente de las bravatas de los dirigentes irresponsables de las big techs", dijo De Moraes.