Eran varios los proyectos que buscaban el apoyo del Parlamento y que querían regular la objeción de conciencia, exigir el fin del periodo de reflexión o ampliar los plazos a 12 o 14 semanas, entre otros temas.
Estos provenían del Partido Socialista (el principal de la oposición, con 78 diputados), del Bloco de Esquerda (BE), del Partido Comunista Portugués (PCP) y de los ecologistas de Livre (L).
Sin embargo, ya tenían el voto en contra anunciado en las últimas horas por el PSD (que acumula 78 diputados), así como de Chega (50) y de los democristianos de CDS-PP (dos diputados), dos fuerzas que presentaron una iniciativa cada una que también fueron tumbadas por el resto de partidos, incluido el PSD, y que añadían más pasos al proceso.
El debate celebrado hoy, convocado por el Partido Socialista, englobaba iniciativas legislativas de todos los partidos con representación parlamentaria a excepción del PSD e Iniciativa Liberal, que no presentaron ninguna propuesta.
Esta era la primera de tres votaciones previstas para sacar adelante los proyectos parlamentarios, que quedan ahora paralizados.
Durante el debate previo a la votación, el PSD, que avisó este jueves de que iba a votar contra todos los proyectos que se presentaran de este tema, justificó que no tienen intención de alterar la ley, aprobada en 2007, al considerar que la legislación actual "es el retrato fiel de la voluntad soberana" y no necesita cambios sustanciales.
La diputada Andreia Neto cuestionó también a los socialistas por qué no usaron su mayoría absoluta cuando gobernaban, hasta hace apenas un año.
Por otro lado, el Partido Socialista recalcó que el objetivo es perfeccionar la ley actual y no destruirla, alegando que nuevos informes muestran que la norma no cubre las necesidades de las embarazadas.
"Esa ley es un legado del que nos enorgullecemos y nosotros no estamos aquí para desconfigurarla, estamos aquí para mejorar con lo que son las evidencias", justificó la diputada socialista Isabel Moreira.
El BE, que abogaba por la ampliación del plazo, recordó que, antes de la despenalización, el aborto clandestino era la tercera mayor causa de muerte de las mujeres y pidió "no recular" en esta lucha.
El Partido Comunista Português defendió la extensión del plazo hasta las 12 semanas, que consideran "un avance en los derechos sexuales y reproductivos"; mientras que los de Livre alegaron que el actual plazo "es corto, muy corto" y plantea un riesgo para la salud pública, como las operaciones clandestinas.
Entre la derecha, Chega defendió que lo más importante no es alterar la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sino impulsar los cuidados prenatales y proteger el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios.
Los democristianos, por otro lado, rechazaron las medidas al considerar que "este debate es pura agenda ideológica".
A pesar de que fue despenalizado en 2007, el acceso al aborto aún enfrenta barreras en Portugal, donde cerca del 30 % de los hospitales públicos no lo realizan, no hay registro de médicos objetores de conciencia y se permite hasta las 10 semanas de gestación, de los plazos más restrictivos de Europa.
En algunas regiones lusas, el acceso es más complicado que en otras. En el archipiélago de Azores, durante el último trimestre de 2023 ningún hospital realizó estas intervenciones porque todos los médicos que trabajaban en ese momento se acogían a la objeción de conciencia y las azorianas tenían que viajar a Lisboa.