El informe de esta autoridad independiente señala que dichos oficiales cometieron "una serie de graves y reprobables omisiones en sus deberes de búsqueda y recate" que constituyen "indicios claros" suficientes para establecer la acusaciones penales de exposición de personas a un peligro que resultó ser mortal.
El Defensor del Pueblo inició su propia investigación sobre el siniestro en noviembre de 2023, unos meses después de que el pesquero 'Adriana', en el que se calcula que se encontraban hacinados unos 750 inmigrantes, se hundiera al suroeste de la península griega del Peloponeso.
En concreto, el documento señala que existen "claros indicios" de que al menos ocho oficiales superiores de la Guardia Costera expusieron a sabiendas y por negligencia de sus deberes a los que se encontraban a bordo del 'Adriana' a un peligro que para la mayoría resultó mortal.
También, según el informe, se pueden establecer los delitos de exposición (por omisión o negligencia) de los inmigrantes a un riesgo para su vida, su salud, y su integridad física.
Pottakis destaca además que la actuación de los guardacostas implicados no estuvo en línea con lo que contempla el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento.
Las autoridades griegas fueron avisadas por las italianas de la existencia del pesquero en aguas de jurisdicción de rescate griegas a las 11.00 hora local del 13 de julio de 2023, si bien la Guardia Costera lanzó oficialmente una operación de rescate 15 horas después de este primer aviso y unos minutos después de que el 'Adriana' empezara a hundirse.
La investigación de Pottakis examinó "los acontecimientos, los actos y las omisiones" de los guardacostas involucrados durante todo este período de tiempo, según el informe.
De los alrededor de 750 inmigrantes que se encontraban a bordo, tan solo sobrevivieron 104 personas, mientras que se recuperaron 80 cadáveres, en una de las mayores tragedias migratorias en la historia del Mediterráneo.
Según testimonios de supervivientes a las ONG Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), la Guardia costera helena ató un cabo al 'Adriana' y comenzó a remolcarlo, lo que provocó la zozobra del barco y que finalmente se hundiera, una versión de los hechos que las autoridades helenas niegan rotundamente.
Pottakis señala en el documento que respecto a esta acusación no se ha podido llegar a una conclusión, ya que, pese a sus peticiones, no se le entregaron "pruebas cruciales", como los datos del móvil del capitán del patrullero que supuestamente intentó el remolque, material que sin embargo está a disposición de la Corte naval de El Pireo, que investiga el caso.
El informe ha sido remitido al ministro de la Marina Mercante de Grecia, Jristos Stilianidis, quien tiene el derecho de tomar medidas disciplinarias contra dichos oficiales, y a la Corte naval de El Pireo.