Los firmantes, entre ellos Amnistía Internacional, Caritas o UGT, argumentan que "dicha acción es esencial para que la Unión Europea y sus Estados miembros cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional".
En la carta se recuerda que el pasado julio la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una histórica opinión consultiva en la que afirmaba que los Estados "no deben reconocer, ayudar o asistir a la situación ilegal derivada de la ocupación israelí del territorio palestino".
Según las organizaciones, la política actual de la UE de distinguir entre los bienes que se producen en Israel y los elaborados en los asentamientos no cumple estas obligaciones.
"Aunque esa diferenciación niega condiciones comerciales preferentes hacia los productos de los asentamientos, sigue permitiendo que dichos productos entren en el mercado" comunitario, se señala en la misiva.
Por ello, los signatarios piden la adopción urgente de dos medidas: implementar una legislación para prohibir el comercio y las inversiones en los asentamientos y, mientras tanto, publicar "un documento consultivo reforzado para las empresas", que las disuada de realizar actividades que beneficien a los asentamientos.