En la quinta vista ordinaria del procedimiento para decidir si el cese parlamentario de Yoon debe ser ratificado o derogado, el mandatario volvió a insistir en que habría sido imposible retirar a los parlamentarios del hemiciclo por el gran número de civiles que había en el interior del Parlamento.
También recordó que ordenó retirar las tropas una vez que el Legislativo aprobó cancelar el estado de excepción, insistiendo así en la tesis de que la declaración de la ley marcial solo buscaba asustar a la oposición, que controla el Parlamento y que según él estaba abusando de esa capacidad y poniendo en peligro al Estado.
En la misma vista declaró también el excomandante del Comando de Defensa de la Capital, Lee Jin-woo, que negó hoy que el entonces ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, le ordenara sacar a los parlamentarios del edificio, contradiciendo lo que dijo previamente ante una comisión parlamentaria.
A su vez, el excomandante de contrainteligencia militar, Yeo In-hyung, hizo uso de su derecho a no declarar hoy ante el Constitucional.
Tanto Yeo, Lee, Kim y el propio Yoon están imputados en causas penales paralelas junto a otros militares y exmilitares por llevar a cabo una insurrección.
La Fiscalía considera que ordenaron a las tropas que tomaran el Parlamento, que registraran los servidores de la Comisión Electoral Nacional (NEC) para investigar supuestos amaños electorales o que arrestaran a los principales líderes políticos del país.
En caso de que el Constitucional ratifique la destitución parlamentaria de Yoon, sería necesario convocar elecciones presidenciales adelantadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo del máximo tribunal surcoreano.