La red contactaba con las víctimas en su país de origen, algunas de ellas colombianas, con la promesa de una vida mejor en España, aprovechando que eran especialmente vulnerables, con problemas económicos y cargas familiares muy acuciantes, informaron fuentes del instituto armado.
De este modo, mediante el engaño y endeudamiento con la organización criminal, eran explotadas laboralmente como vigilantes en una supuesta empresa dedicada a prestar servicios de seguridad.
Las víctimas eran repartidas por las provincias de León, Burgos, Valladolid y Ávila, en el noroeste de España, donde les encomendaban labores de vigilancia en diferentes empresas alejadas de núcleos de población, con turnos de trabajo de larga duración y jornadas completas en fines de semana y fechas especiales como Navidad.
Todas las víctimas estaban en situación irregular en España y carecían de contrato laboral, con sueldos que apenas representaban una tercera parte de lo que debería corresponderles, prestando sus servicios en condiciones precarias que no reunían las mínimas condiciones de higiene y salubridad, durmiendo sobre un cartón y sin ningún contacto con el exterior.
La operación sigue abierta para localizar a más víctimas de hechos similares.
Las autoridades identificaron seis víctimas y detuvieron a tres personas, acusadas por los delitos de trata de seres humanos, contra el derecho de los trabajadores y pertenencia a organización criminal.
