"Estoy triste en nombre de todo el pueblo filipino, porque tenemos un presidente que no cumple su palabra", dijo Dela Rosa este jueves en una entrevista a la cadena de radio filipina DZBB, sobre la "traición" de Ferdinand Marcos Jr. al permitir el arresto de Duterte.
Dela Rosa afirmó que espera que las autoridades filipinas lo protejan de un posible arresto ordenado por el tribunal internacional, debido a su puesto de senador.
"Mientras el presidente del Senado pueda, debería protegerme primero y no entregarme aún si se emite una orden de detención. También espero que el poder ejecutivo lo respete, porque para eso hay protocolos", afirmó ayer a los medios de comunicación, según declaraciones recogidas por el medio filipino Rappler.
Este martes, cuando Duterte fue detenido por sorpresa a su llegada a Filipinas desde Hong Kong, el abogado Israelito Torreon intentó que el Tribunal Supremo obligase a las autoridades a liberar a Duterte y protegiese al que fue su jefe de Policía.
El Supremo consideró ayer que la petición no supo justificar la urgencia de la cuestión, pero no la desestimó por completo, por lo que Dela Rosa se aferró ayer a un clavo ardiendo: "nos dieron diez días para presentar nuestros comentarios".
La CPI no se ha pronunciado públicamente sobre si ordenará detener al exjefe de Policía, en plena campaña antes de las elecciones a mitad de mandato del 12 de mayo, en las que el senador aspira a la reelección.
Sin embargo, mientras Dela Rosa busca frenar una orden de arresto aún hipotética, ayer también se declaró listo a unirse a Duterte en La Haya en calidad de detenido "con la esperanza de que me dejen cuidar de él".
Considerado el cerebro detrás de la guerra contra las drogas de Duterte, Dela Rosa también estaba siendo investigado por el tribunal y afirmó el pasado octubre haber ignorado las peticiones de ser entrevistado por la CPI.
Unas 6.000 personas murieron en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales durante la violenta campaña bajo el mandato de Duterte (2016-2022), según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30.000.
