En un auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 adopta esta decisión ante considerar que existe riesgo de fuga al tratarse de hechos de "considerable gravedad", según la acusación formal por parte del Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York.
El exdirector ejecutivo de la UNOPS está acusado en Estados Unidos de haber recibido supuestamente millones de dólares en sobornos de un empresario a cambio de desviar a compañías vinculadas a este último aproximadamente 60 millones en subvenciones y préstamos no garantizados.
La jueza española rechaza la petición de la defensa de aplicar la prescripción de los delitos porque -explica- son hechos acaecidos entre septiembre de 2015 y diciembre de 2021, que comenzaron a investigarse de forma inmediata, en febrero de 2022, coincidiendo con su salida de Naciones Unidas, organización a la que estuvo vinculado durante 30 años en puestos de responsabilidad.
La reclamación se refiere a su etapa como director ejecutivo de UNOPS, la agencia de Naciones Unidas de apoyo a proyectos de infraestructuras y adquisiciones para otras agencias, con empleados en más de 80 países y "en cuyo ámbito tienen lugar los hechos por los que se le acusa, en los que aparecen implicados proyectos en países del Caribe, México, Ghana, India y Kenya por importes que superan los 60 millones de euros".
Según la jueza, estas circunstancias proporcionan al reclamado una especial facilidad para poder trasladarse a cualquier país y eludir la acción de la justicia. Aunque tenga vinculaciones familiares y económicas en España, donde vive desde hace tres años, la magistrada cree que el arraigo no puede considerarse suficientemente sólido para evitar el riesgo de fuga.
"Así pues, la prisión provisional, en este caso, tiene como finalidad específica la de evitar la sustracción de la persona reclamada a la acción de la Justicia y asegurar la ejecución en su caso de la entrega que pueda acordarse", concluye la magistrada.
