El Salvador se encuentra desde ya casi tres años en estado de régimen de excepción, implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele que ha dejado miles de detenciones, muchas de ellas arbitrarias, según las ONG.
"El régimen de excepción no es una política de seguridad, es una estrategia política que el Gobierno de El Salvador ha utilizado para criminalizar a miles de personas, para detener de manera indiscriminada, para llenar las cárceles como su única estrategia de atención a la situación de violencia", dijo Reina en una rueda de prensa en San Salvador.
Apuntó que "básicamente la política se basa en que si alguien comete un error la respuesta será la cárcel y ese es un mecanismo de control, de temor, de vigilancia que el Estado salvadoreño ha impuesto a toda la población".
La activista aseguró que "la Fiscalía y el órgano Judicial se han convertido en instrumentos de ejercicio de poder político del Estado y por tanto no confiamos en los procesos que lleven en contra de ninguna persona".
"No se puede confiar, en este momento, en ningún proceso legal y judicial que se esté desarrollando por parte de la Fiscalía y del órgano Judicial", reiteró.
Señaló que las organizaciones de derechos humanos "hemos sido testigos de las miles detenciones arbitrarias basadas en cero evidencia, casos de personas que han sido detenidas por mostrar nerviosismo, por tener tatuajes o por vivir, básicamente, en una zona estigmatizada por la pobreza y la criminalidad".
Por su parte, Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana (Idhuca), señaló que las más de 30 ampliaciones, por parte de la Asamblea Legislativa, del referido régimen "sirven para perpetuar la falta de garantías y el debido proceso en El Salvador".
Exigió al Estado, en nombre de al menos diez organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, que "deje de seguir prorrogando el régimen y que considere que las reformas al sistema judicial deben respetar los derechos humanos".
"Desde nuestro lado vamos a seguir exigiendo, vamos a seguir acompañando a las víctimas de violaciones a derechos humanos, como la mayoría de estas organizaciones tiene años de venir haciendo, y no vamos a cesar con esa exigencia para que respete a la ciudadanía y a la población", añadió.
Este régimen, que ha dejado la captura de más de 85.000 supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras, cumplirá el próximo 27 de marzo tres años de su implementación en medio de polémicas por supuestamente violentar derechos humanos.
La medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.
Esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
El régimen suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.
