"La respuesta es contundente, no lo hizo", señaló Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano, antes de remarcar que su intención fue contar "la verdad de los hechos" cuando reveló, en diciembre pasado, que Boluarte se había sometido a esa intervención.
El exjefe de gabinete reconoció que dijo "efectivamente que la presidenta se había sometido a una operación quirúrgica" y que si "esta fue por razones de salud o estética" no le "corresponde responder".
De inmediato, indicó que Boluarte no informó sobre esa operación a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) o al Consejo de Ministros y recordó que la Constitución peruana establece que cuando un gobernante está impedido de ejercer el cargo, de manera temporal o permanente, este debe asumido por sus vicepresidentes o, en su defecto, por el presidente del Congreso.
"Este es un asunto de altísima relevancia constitucional, que no tiene nada que ver respecto a qué se operó o por qué se operó", dijo.
Por ese motivo, consideró que "la pregunta clave" es saber si Boluarte "tuvo impedimento temporal al momento de someterse a la operación", ya que si eso se acredita "debió haberlo comunicado al presidente del Congreso".
Otárola también dijo que durante un período de 12 días no tuvo ninguna reunión presencial con la presidenta, "salvo algunas esporádicas conversaciones" telefónicas, y que luego "ella participó virtualmente" en una reunión del Consejo de Ministros "sin prender la cámara", hasta que el 12 de julio de 2023 reasumió esas actividades de manera presencial.
Denuncia de persecución del Gobierno
El exfuncionario también dijo que desde la actual PCM, que preside Gustavo Adrianzén, "ocurrió una persecución absurda" contra todas las personas que trabajaron con él, que fueron despedidas, y negó haber filtrado a medios la información sobre el uso que hacía la gobernante de joyas y relojes de lujo, que llevó a la investigación del llamado 'Rolexgate'.
Otárola denunció, en ese sentido, que "prácticamente desde el día uno" de su salida del cargo "se ha realizado un reglaje y un seguimiento ilegal" en su contra.
"El gobierno habría dispuesto que se realice un seguimiento ilegal a mis actividades, y se implemente y busque información sobre mí y mis familiares", sostuvo.
Comentó, en ese sentido, que "por menos de esto el Congreso ha censurado a más de un ministro" y consideró que, por ese motivo, Adrianzén "no puede seguir ocupando ese cargo".
"El señor presidente del Consejo de Ministros no da ninguna garantía para que las elecciones (de 2026) sean limpias, transparente y seguras, así que hago esa advertencia, y el Congreso debería plantear inmediatamente una moción de censura contra este personaje", enfatizó.
Otárola también dijo que es víctima de una extorsión y manifestó sus dudas sobre las supuestas reuniones que, según denunció, celebra Boluarte con el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), una organismo que consideró que "están dolosamente transformando sus atribuciones y funciones en favor de la persecución de sus adversarios políticos".