"La mortal represión de las fuerzas de seguridad mozambiqueñas fue una vergonzosa reacción exagerada antes las protestas poselectorales. En lugar de escuchar las quejas de la gente y permitirle expresar sus preocupaciones, el Gobierno dirigido por Frelimo desató una ola de violencia contra las manifestaciones que causó heridas graves, muertes ilegales y muchas otras violaciones de derechos humanos", dijo en un comunicado la subdirectora regional de AI para África oriental y meridional, Khanyo Farise.
Farise hizo referencia al partido gobernante, Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), que ha ocupado la Presidencia del país desde su independencia de Portugal en 1975 y cuyo candidato, Daniel Chapo, ganó las elecciones del 9 de octubre con un 65,17 % de los votos, según los resultados anunciados el pasado 23 de diciembre por el Consejo Constitucional Mozambiqueño.
Según esos resultados, en segundo lugar con el 24,19 % de los votos del sufragio quedó el principal líder de la oposición, Venâncio Mondlane, que fue el principal impulsor de las protestas, en las que murieron 361 personas, según la ONG local Plataforma Electoral Decide.
Para su investigación, AI revisó 105 vídeos y fotografías verificadas y llevó a cabo entrevistas con 28 personas, incluyendo testigos y supervivientes, además de analizar otras fuentes de información.
La organización concluyó que las fuerzas de seguridad emplearon "armas letales" -como fusiles AK o pistolas-, gases lacrimógenos -en ocasiones, en el interior de casas, algo "ilegal y extremadamente peligroso"- y proyectiles como balas de goma contra manifestantes y transeúntes, entre los que había niños de hasta nueve años de edad.
Asimismo, las autoridades llevaron a cabo detenciones "masivas y arbitrarias" y atacaron a periodistas, arrestándolos, intimidándolos o confiscando su equipo, además de restringir el acceso a internet en momentos clave de las marchas, detalló AI.
Como resultado de esta violencia, la población sufrió heridas graves como "fracturas de huesos, hemorragias internas, lesiones en el pecho y problemas respiratorios", así como "discapacidades permanentes" debidas, por ejemplo, a amputaciones.
"Una y otra vez, documentamos como la Policía y el Ejército de Mozambique mostraban un total desprecio por la seguridad de las personas durante las protestas. No hay justificación para este uso imprudente y a veces mortal de la fuerza", aseveró Farise.
Según la ONG, no se ha hecho justicia todavía para las víctimas de esta violencia. Aunque el pasado 4 de febrero, el fiscal general de Mozambique, Américo Julião Letela, anuncio la existencia de 651 procesos penales y civiles relacionados con las muertes, heridas y destrucción de propiedades durante las protestas, las autoridades no han dado más detalles desde entonces.
Asimismo, aunque Mondlane aseguró tras reunirse en marzo por primera vez con Chapo -que juró el cargo como presidente en enero- que se prestaría "atención médica gratuita" a las víctimas de la violencia y se "indemnizaría" a las familias de las personas asesinadas, el opositor no hizo ninguna mención al enjuiciamiento de los responsables.
Tras ser el principal impulsor de las protestas, Mondlane se mostró dispuesto el pasado 17 de enero a interrumpirlas durante tres meses, a cambio de que el Gobierno cumpliera varias condiciones, como el cese de la violencia contra la población o la bajada de los precios de productos básicos.