Según han trasladado fuentes del Ejecutivo a medios locales como el periódico Le Soir, que ha podido consultar el texto del proyecto de ley, las sanciones se situarán en una horquilla que va del 30 % de las cantidades defraudadas para los ingresos no fiscalizados y los impagos del IVA al 45 % para los capitales repatriados.
También se perdonarán las cotizaciones sociales no pagadas, con una penalización del 20 % de los ingresos profesionales usados para el cálculo de esa contribución, así como el pago íntegro de las cotizaciones legalmente debidas.
Tras pagar la multa en un plazo de quince días, el contribuyente no podrá ser objeto de sanción fiscal o penal, con algunas excepciones en casos relacionados con el terrorismo, el tráfico de drogas, el proxenetismo, la trata de seres humanos u otros delitos graves.
Para regularizar la situación habrá que contactar con el Servicio Público Federal de Finanzas y explicar el mecanismo de fraude.
El perdón fiscal que prepara el Gobierno del nacionalista flamenco Bart De Wever será la quinta amnistía fiscal que concede Bélgica desde la primera en 2004.
El Gobierno de entonces estableció un mecanismo llamado Declaración Liberadora Única (DLU) que debía operar una única vez para recuperar de los defraudadores entre 500 y 1.000 millones de euros con esa maniobra, pero acabó recaudando 497 millones sobre unos 5.000 millones de euros repatriados.
Sin embargo, se ha convertido en un recurso habitual de los Ejecutivos federales belgas para incrementar los ingresos del Estado en 2006, 2013 y 2017, mientras que el último de esos perdones del fisco data de 2023.
Todas ellas han generado más de 4.000 millones de euros para el Tesoro sobre un total de 10.900 millones de euros regularizados y el Gobierno pretende recaudar otros 75 millones anuales con la nueva medida.
"Es un poco un chiste recurrente de la política presupuestaria belga", apunta Le Soir sobre la nueva amnistía, mientras que la radiotelevisión pública RTBF señala que los anteriores perdones suscitaron críticas del Consejo de Estado o de la Inspección Especial de Impuestos al considerarlo "una forma de blanqueo encubierto".
El profesor de derecho fiscal en la Universidad Libre de Bruselas François Henneaux señaló a la emisora RTL que el primer perdón no pretendía volverse un sistema "permanente", pero reconoce que Bélgica ya no sigue "en absoluto" la lógica de amnistías únicas.