Según informó la policía este martes, se gestionaron más de 1.150 solicitudes del Número de Identidad de Extranjero (NIE), de las cuales al menos 371 derivaron en altas en la Seguridad Social, a pesar de que los beneficiarios no cumplían con los requisitos legales para trabajar en España.
Estas personas eran dadas de alta en empresas distribuidas por todo el territorio español, aprovechando una extensa red de colaboradores en distintos puntos del país.
La red criminal ofertaba citas a cambio de cantidades que oscilaban entre 300 y 500 euros, lo que habría generado unos beneficios anuales de más de 300.000 euros.
La investigación policial se inició en agosto de 2024 cuando se detectó un aumento inusual en la asignación de citas de NIE para personas de origen latinoamericano, pudiéndose corroborar que atendían a las indicaciones dadas por la organización para no ser detectados.
Además, se han incautado 10.385 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, varios dispositivos informáticos y electrónicos, así como documentación que acredita la contabilidad ilícita de la red criminal.
Los responsables de la organización criminal pueden enfrentarse a una acumulación de penas privativas de libertad de hasta ocho años de prisión por estos hechos.