El escritor Daniele Pieroni, que padecía la enfermedad de Párkinson desde 2008, "pudo decidir con lucidez y serenidad terminar con su vida gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional y de la ley toscana", anunció este miércoles la asociación Luca Coscioni.
Pieroni, que debido a una disfagia severa se veía obligado a vivir durante 21 horas al día con un 'botón gástrico' o PEG, un tubo de alimentación que permite la administración de líquidos y sólidos para que vayan directamente al estómago, recurrió al suicidio asistido el pasado 17 de mayo en la provincia de Siena.
La región italiana de Toscana, presidida por Eugenio Giani, del progresista Partido Demócrata (PD,) se convirtió en la primera del país en regular el suicidio asistido, para colmar un vacío legislativo a escala nacional seis años después de que el Constitucional despenalizara esta práctica.
El proyecto de ley aprobado por el Parlamento toscano, que había sido presentado por iniciativa popular por la Asociación Luca Coscioni, que lucha para legalizar la eutanasia, aclara los plazos y modos en los que un ciudadano puede reclamar el 'suicido asistido'.
La ausencia de una ley nacional ha obligado en los últimos años a las distintas regiones italianas a estudiar cada caso que se les presentaba de forma individual, lo que suponía un obstáculo, mientras que numerosos pacientes han tenido que acudir a Suiza.
El Tribunal Constitucional también estableció los criterios para el suicidio asistido, pero invitó al Parlamento a legislar al respecto.
Según la ley regional, el centro de salud está obligado a proporcionar médicos y materiales a quienes tengan derecho a ellos después de un proceso.
En el caso de Pieroni, el fármaco se preparó en su domicilio de Daniele: dos médicos y un médico forense del centro de salud estuvieron presentes, y también Felicetta Maltese, coordinadora de la célula toscana de la asociación Luca Coscioni, su fideicomisario Leonardo Pinzi, sus cuidadores y familiares, explicó la asociación.
El pasado 10 de mayo, el Gobierno de Meloni otorgó a la Fiscalía General del Estado un mandato para impugnar ante el Tribunal Constitucional la ley de la región Toscana.
Esa impugnación "es una decisión ideológica y carente de fundamento jurídico, que obstaculiza un derecho ya reconocido, mientras demasiadas personas siguen sufriendo o emigrando para morir con dignidad. Invitamos a todas las regiones a actuar para garantizar la libertad y el respeto a la voluntad popular", instó la asociación.