Alrededor de las 22:30 hora local (13:30 GMT) del 3 de diciembre de 2024, el entonces presidente Yoon Suk-yeol anunció la imposición de la ley marcial alegando la existencia de "fuerzas antiestatales" y "pro-Pionyang", principalmente entre el bloque de la oposición, el Partido Democráctico (DP).
"En aquel momento solo tuve un pensamiento claro: debo ir al Parlamento", dijo a EFE la legisladora del Partido del Poder Popular (PPP), Han Jia, que recordó cómo los accesos al edificio estaban ya controlados por la Policía y las unidades del Ejército "comenzaban a moverse como si (lo) cercaran".
El Ejército irrumpió en el complejo legislativo en la capital surcoreana, mientras la Policía bloqueaba accesos, obligando a decenas de legisladores a saltar vallas para ingresar y votar la revocación del decreto. Entre ellos se encontraba el entonces líder del DP y actual presidente, Lee Jae-myung.
El país miró incrédulo, por televisión y transmisiones en vivo de legisladores y ciudadanos, el desarrollo de una medida que no se aplicaba desde la dictadura militar de Chun Doo-hwan en los años 80.
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"La situación era extremadamente urgente. Había que revocar la ley marcial mediante votación parlamentaria cuanto antes. Finalmente, hacia la 1 de la madrugada, pudimos levantarla", recordó a EFE el legislador del DP Jeong Jun-ho sobre la votación, que terminó con 190 votos a favor y ninguno en contra.
Días después, Yoon fue suspendido y finalmente se oficializó su destitución en abril. De las elecciones celebradas en junio salió victorioso Lee, quien había sido derrotado por el depuesto mandatario en los anteriores comicios.
La crisis fue sobrellevada mediante los mecanismos establecidos sin necesidad de medidas represivas, lo que en opinión de Jeong consolidó a Corea del Sur como una democracia resiliente.
"Fue precisamente porque la democracia surcoreana había madurado lo suficiente que pudimos impedir la ley marcial y la insurrección", valoró.
El nuevo Gobierno, que cuenta con una amplia mayoría parlamentaria, ha priorizado reconstruir la imagen de estabilidad del país, tanto a nivel local como internacional.
Queda pendiente, un año después de la crisis, la cuestión judicial. Yoon se encuentra detenido de forma preventiva desde julio y se enfrenta a cargos por insurrección, que podría acarrear la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, así como por abuso de poder entre otros delitos.
Una de las acusaciones más llamativas es que la Administración de Yoon envió un dron para distribuir panfletos propagandísticos a Corea del Norte, un hecho que Pionyang denunció en octubre ante la ONU.
Los fiscales acusaron al expresidente de intentar provocar una reacción militar norcoreana para así justificar la imposición de la ley marcial, en una medida que podría haber reafirmado la decisión de Pionyang de seguir rechazando el diálogo intercoreano.
Su exministro de Defensa, el exministro del Interior y el exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia también están bajo arresto. El primer alto cargo que recibirá sentencia será el ex primer ministro, Han Duck-soo, con una resolución judicial prevista a finales de enero entre las peticiones de la fiscalía de 15 años de prisión.
El teniente general retirado Chun In-bum explicó a EFE que la confianza política e institucional en partes de la jerarquía militar fue "al menos parcialmente dañada".
No obstante, Chun reafirmó que el Ejército como organización "permaneció estable", después de que durante los procesos judiciales saliera a la luz que varios de los altos mandos militares, que no estaban enterados de los planes para imponer la ley marcial, evitaron ejecutar plenamente sus órdenes.
La Policía, por su parte, ofreció este lunes una disculpa formal por los bloqueos que impidieron el acceso de legisladores al Parlamento la noche de la ley marcial, reconociendo por primera vez que actuó de forma "inconstitucional e ilegal".