Lukoil posee en Rumanía la refinería Petrotel Ploiesti, actualmente inactiva pero que solía satisfacer el 20 % de las necesidades de combustible del país, así como una red de más de trescientas gasolineras, entre otros activos.
La ordenanza aprobada hoy permite al Ejecutivo "utilizar instrumentos de supervisión especial y aplicar medidas correctivas en el ámbito de las sanciones internacionales".
La norma precisa que en los casos en los que esas sanciones puedan afectar a la economía de Rumanía o a determinados sectores clave, el Ministerio competente puede proponer la designación de un supervisor que se haga cargo de la gestión de los activos de la empresa sancionada.
La propuesta busca tanto "frenar las fuentes de financiación de Rusia en la guerra" como "disminuir el impacto a corto plazo sobre la economía nacional" de esas sanciones, según el texto de la ordenanza.
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Estados Unidos anunció el pasado octubre sanciones económicas importantes relacionadas con la guerra en Ucrania, dirigidas contra Lukoil y Rosneft, las dos mayores petroleras de Rusia, lo que pone en peligro su actividad en Europa.
Las autoridades rumanas han asegurado que no hay razón para que esta situación cause un encarecimiento del combustible para los consumidores y han pedido a las organismos competentes que vigilen si hay aumentos injustificados de precios.
También en Bulgaria el Gobierno ha tomado el control, mediante la figura de un supervisor especial, de los activos de Lukoil, entre ellos los de la única refinería activa en el país.