En una rueda de prensa, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Zhang Han afirmó que las autoridades del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante de Taiwán) están "malgastando dinero que debería destinarse a mejorar el bienestar social" con el fin de "complacer a fuerzas externas".
Según Zhang, la compra de armamento "no traerá seguridad a Taiwán" y solo "empujará a la isla a un riesgo mayor", en referencia a los posibles acuerdos de adquisición de armas con Washington.
La portavoz también instó a Estados Unidos a "manejar con prudencia" la cuestión taiwanesa y a "dejar de enviar señales equivocadas" a las "fuerzas separatistas" de Taiwán, en alusión al apoyo público mostrado por el embajador de facto de EE.UU. en Taipéi, Raymond Greene, a la iniciativa de gasto anunciada por el presidente taiwanés, William Lai.
Taipéi sostiene que el incremento del gasto militar es necesario para reforzar su capacidad de disuasión ante la creciente actividad del Ejército chino en torno a la isla.
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Por su parte, el ministro isleño de Defensa, Wellington Koo, aseguró que la propuesta ya ha sido coordinada con Washington y que Estados Unidos ha facilitado listados de equipos, cantidades y calendarios de entrega.
El anuncio del presupuesto especial por parte de Lai se enmarca en un plan de refuerzo defensivo destinado a "defender permanentemente" a Taiwán frente a la "amenaza china".
La propuesta, que todavía requiere el visto bueno del Parlamento, contempla inversiones entre 2026 y 2033 en misiles de largo alcance, sistemas antiaéreos y antibalísticos, artillería de precisión y vehículos no tripulados, así como el desarrollo del sistema de defensa en capas 'T-Dome'.
El llamado 'T-Dome' es un sistema de defensa aérea diseñado para interceptar misiles y drones, y comparable en concepto a la Cúpula de Hierro ('Iron Dome') israelí.
Las autoridades de Pekín insisten en que la isla es una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de taiwaneses pueden decidir su futuro político.