“Las autoridades impusieron sistemáticamente la pena de muerte tras juicios gravemente injustos por actos que no constituían los 'delitos más graves', como los relacionados con drogas y por delitos de seguridad nacional formulados de manera vaga”, indicó HRW.
De acuerdo con el Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Estados Unidos, las autoridades iraníes ejecutaron a unas 2.000 personas el año pasado, “el número conocido más alto desde finales de los 80”, la mitad de ellos de casos relaciones con casos de drogas, lo que viola las leyes internacionales.
Unas ejecuciones que según la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán de la ONU podrían suponer crímenes contra la humanidad.
“Si las ejecuciones forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, como política de gobierno, entonces los responsables —incluidos los jueces que imponen la pena capital— pueden ser considerados responsables de crímenes de lesa humanidad”, indicó la misión a finales de octubre en un informe que cita HRW.
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El organismo de derechos humanos señaló que las autoridades iraníes intensificaron el uso de la pena de muerte en casos políticos contra mujeres, como fue el caso de la activista Zahra Shahbaz Tabari, condenada a la horca por el cargo de “rebelión armada”, entre otras.
Tabari denunció que el juicio en el que fue condenada a muerte no duró más de 10 minutos.
Entre los 2.000 ejecutados el año pasado se encuentran Mojahed Kourkour y Merhan Bahramian por su participación en las protestas de 2022 desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.
A lo largo de 2025 además se multiplicaron los arrestos arbitrarios de ciudadanos del país persa.
En agosto, la Policía anunció la detención de 21.000 personas durante la guerra de los 12 días con Israel por expresar “apoyo” o alegría” por los ataques israelíes.
También se produjeron arrestos de activistas de derechos humanos como fue el caso de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, detenida en diciembre junto con otras 38 personas en el entierro de un abogado que murió en circunstancias poco claras.
HRW denunció además que en la República Islámica las mujeres y las niñas continuaron haciendo frente a una grave discriminación y violencia, debido a leyes que les niegan derechos iguales a los de los hombres, en el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos, y las relegan a ser ciudadanas de segunda clase.