"La sentencia deja sin resolver cuestiones constitucionales fundamentales, como si los acuerdos ejecutivos con Estados extranjeros que afectan al derecho interno y los derechos humanos pueden eludir la ratificación parlamentaria y la participación pública", señaló en un comunicado el Centro de Litigios de África Austral (SALC, en inglés).
Entre otras razones, los jueces argumentaron en el fallo que los litigantes no tienen un interés propio y directo en el asunto o que no pudieron presentar una copia del acuerdo entre EE.UU. que denunciaban.
El recurso fue presentado el pasado 14 de agosto ante el Tribunal Superior de Esuatini, después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense confirmara a mediados de julio la deportación de unos primeros cinco ciudadanos -de Vietnam, Jamaica, Laos, Yemen y Cuba-, a ese país, acusados de delitos que incluyen asesinato, agresión y robo, después de que sus países de origen se negaran a recibirlos de vuelta.
Esa cifra finalmente se elevó a quince, ninguno de ellos con vínculos conocidos con Esuatini, si bien uno de ellos fue repatriado el pasado septiembre a su país, Jamaica.
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Los deportados fueron detenidos sin cargos y recluidos en unidades de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Matsapha, cerca de la capital, Mbabane, y las solicitudes de acceso confidencial por parte de sus representantes legales fueron rechazadas, según denunció el pasado diciembre Amnistía Internacional (AI).
"Estos traslados se realizaron en virtud de un memorando de entendimiento que no fue divulgado ni presentado ante el Parlamento", recordó el SALC, algo que viola la Constitución suazi según los demandantes.
En virtud del pacto, Washington acordó pagar 5,1 millones de dólares a Esuatini, según confirmó el Ejecutivo suazi a medios internacionales el pasado noviembre.
La demanda fue presentada por el responsable de Derechos del SALC, Melusi Simelane, junto con el Centro de Litigios de Esuatini (ELC) y la Asamblea de Mujeres Rurales de Suazilandia (SRWA, en referencia al antiguo nombre del país africano).
"Al negar el derecho a acudir a los tribunales, el derecho constitucional a impugnar decisiones ejecutivas controvertidas que no redundan en el interés público, corre un gran peligro", lamentó la directora ejecutiva del SALC, Anneke Meerkotter.
"Esta decisión facilita y permite que las decisiones gubernamentales creen un sistema de gobierno en la sombra al margen del escrutinio parlamentario y público", añadió.
La reanudación de los vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se produjo después de que la Corte Suprema estadounidense autorizara el pasado junio estas expulsiones, en una victoria para su política de mano dura contra la inmigración.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda y Sudán del Sur, para realizar deportaciones, una de sus principales promesas electorales.
Fronteriza con Sudáfrica y Mozambique, Esuatini es la última monarquía absoluta de África y tiene una población de unos 1,2 millones de personas que es eminentemente rural y que vive en un 60 % con recursos por debajo de la línea de la pobreza, según el Banco Mundial.