Carmelo Ovono, secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial; el director de la Seguridad Presidencial, Isaac Nguema; y el ministro de Estado, Nicolás Obama, cuentan con órdenes nacionales e internacionales de detención a sus espaldas desde febrero de 2024, si bien su defensa pidió hace unos meses al juez español Santiago Pedraz que los citase por videoconferencia.
Así lo hizo después de que el Tribunal Supremo español instase al juez a seguir adelante con el caso por considerar que desde Guinea Ecuatorial "no ha existido cooperación" que invitase a pensar que podría investigar estos hechos, más bien al contrario. "Sus autoridades han tratado de boicotear estas actuaciones", dijoen un auto de septiembre de 2025.
El juez Pedraz aceptó la petición de la defensa y citó a los altos cargos ecuatoguineanos a declarar por videoconferencia. Sin embargo, en esta semana dos circunstancias han motivado que la cita no vaya a producirse.
En primer lugar, la propia defensa de los investigados dio marcha atrás e informó al juez de que, finalmente, no comparecerían, de forma que pidió la suspensión, y en segundo lugar, la Sección segunda de lo Penal revocó el martes la citación.
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La resolución de esta sección estima parcialmente un recurso de la acusación en un auto, al que tuvo acceso EFE, en el que señala que el juez podrá interrogarlos cuando se encuentren "a disposición efectiva de la jurisdicción española mediante la ejecución de las órdenes internacionales de detención" que pesan sobre ellos.
Rechaza también el modo en que el juez los ha citado por videoconferencia sin dictar una comisión rogatoria internacional, un mecanismo que, según subraya, habilita la práctica de un acto procesal en otro país y "abre la puerta a que se pueda garantizar que se respeten" unos requisitos y garantías en la videoconferencia.
Esta causa lleva abierta desde 2023 y ha sufrido numerosos giros en la Audiencia Nacional, con varias revocaciones de decisiones del juez instructor tras los múltiples recursos de la acusación que ejercen los familiares de los opositores y del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R).
En la causa se investiga la desaparición de cuatro opositores al Gobierno ecuatoguineano, dos de nacionalidad española y dos residentes en España.
Partieron en noviembre de 2019 de Madrid a Juba (Sudán del sur) y habrían sido secuestrados, trasladados al país africano en un avión presidencial para ser encarcelados y torturados, según la querella con que comenzó el procedimiento judicial. Uno de ellos, Julio Obama, falleció en prisión.