"Nos abriga la esperanza de que esta Corte Constitucional, como el último espacio de legitimidad, expulse más de 24 vulneraciones constitucionales existentes. A nosotros no se nos hizo la consulta prelegislativa antes de aprobarla", dijo el líder ambiental indígena y excandidato presidencial, Yaku Pérez, en los exteriores de la sede del alto tribunal.
Pérez llegó hasta ese lugar con varios representantes de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y de La Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza, quienes también pidieron a los jueces que suspendan la vigencia de la ley.
"Se vulnera el derecho humano al agua, los derechos a la naturaleza, el derecho a un ambiente sano, la soberanía alimentaria, la seguridad jurídica, debido proceso, entre otros", enumeró.
El excandidato presidencial dijo que esta normativa, que reforma la Ley de Minería y la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, "elimina la licencia ambiental para la fase de prospección, exploración inicial, exploración avanzada".
"Si no hay licencia ambiental, significa que no hacen falta estudios de impacto ambiental, plan de manejo ambiental, no hace falta consulta previa, libre e informada. En consecuencia, es inconstitucional", añadió.
Por su parte, Lauro Sigcha, presidente de la FOA, aseguró que no pueden permitir que los páramos, humedales y "la Pachamama sean vulnerados por la ambición de las transnacionales".
La norma fue aprobada con 77 votos a favor, el número mínimo para poder salir adelante y fue cuestionada por los movimientos indígenas y otros grupos sociales, que temen afectaciones ambientales y al agua al debilitar el control ambiental.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que la iniciativa busca fortalecer el desempeño operativo en los sectores minero y de energía mediante una regulación eficiente que promueva la generación de ingresos fiscales y divisas, y contribuya a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica del Estado.