La medida fue cuestionada por expertos que apuntaron a "falta de coherencia" del Ejecutivo tras acusar una "emergencia nacional" por criminalidad.
"La seguridad no se va a rebajar", declaró Steinert a la salida de una reunión con la Dirección de Presupuesto (Dipres) del Ministerio de Hacienda, e incluso aseguró que se va a "avanzar en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de las policías, garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa y dar respuestas concretas a la ciudadanía".
Los recortes presentados por el Gobierno ante la Comisión de Seguridad del Congreso contemplaban 55,6 millones de dólares en Carabineros, 17,4 millones en la Policía de Investigaciones y 5,4 millones en programas como el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado y el Plan Calles Sin Violencia, enfocado en reducir homicidios en zonas específicas.
Estos recursos formaban parte de la disminución presupuestaria del 3 % en todas las reparticiones ministeriales ordenada por Hacienda, medida que no tardó en ser cuestionada por especialistas en seguridad pública que apuntaron a "falta de propósito" en la materia, según dijeron a EFE.
"Lo que nos preocupa es que ellos tengan más herramientas de protección, antibalas y medios tecnológicos. Entonces, vamos a establecer un conjunto con Dipres para poder ir aumentando en cierta forma estas herramientas necesarias", detalló la ministra.
Consultada respecto a un posible "error" por no haber marginado a Seguridad Pública del recorte fiscal, Sternet subrayó que "siempre fue una propuesta" y que la decisión final fue "mandatada por el presidente".
En los últimos años, el narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en una de las principales preocupaciones del país, expandiendo economías ilícitas, lavado de dinero y penetrando instituciones públicas y militares.
Durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric (2022-2026) se aprobaron múltiples leyes para combatir al crimen organizado y se incrementaron recursos para las policías.
Especialistas en seguridad apuntan a que se "robusteció" la institucionalidad y coordinación de persecución penal, que logró por primera vez en años romper la tendencia al alza de delitos como los homicidios.