Los sentenciados fueron encontrados culpables de "espiar para la Guardia Revolucionaria iraní, una organización terrorista, y con el objetivo de cometer actos terroristas y hostiles contra el Reino de Baréin", dijo la Fiscalía de Delitos de Terrorismo bareiní en un comunicado.
El Ministerio Público explicó en la nota que, según las pesquisas, se trataba de una trama de reclutamiento y de vigilancia para fotografiar "instalaciones vitales e importantes del país" durante los ataques de represalia de Irán contra el golfo Pérsico, iniciados tras la guerra lanzada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero.
Asimismo, uno de los acusados trabajaba en una casa de cambio de divisas y realizaba transferencias internacionales y poseía criptomonedas, que utilizaba para "financiar estas tareas" y derivar fondos a esta supuesta organización, de la que la Fiscalía no se pronunció ni tampoco difundió el nombre de sus integrantes.
Tres de los acusados fueron además encontrados culpables de "apoyar y respaldar los ataques terroristas iraníes" contra Baréin y de "obtener datos sensibles y fotografiar lugares prohibidos durante la brutal agresión" contra el pequeño país insular del golfo Pérsico, por lo que se les impuso penas de 10 años de cárcel.
"La Fiscalía había recibido informes de la Dirección de Delitos Cibernéticos sobre cuentas en redes sociales que contenían imágenes, vídeos y comentarios que elogiaban y respaldaban actos hostiles y terroristas, así como datos sensibles y ubicaciones cuya publicación, obtención o difusión está prohibida", añadió.
En las últimas semanas, Baréin ha condenado a prisión a decenas de personas por presuntamente colaborar con Irán o con grupos afines durante la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, que ha lanzado misiles y drones contra territorio bareiní y sus vecinos árabes como respuesta a la agresión.
Asimismo, las autoridades también han revocado la nacionalidad de unas setenta personas acusadas de simpatizar con Irán, en el marco de una campaña que varios grupos de derechos humanos locales e internacionales han calificado como una suerte de caza de brujas contra la comunidad musulmana chií del reino.
Sin embargo, la Fiscalía afirma en sus comunicados que el Poder Judicial bareiní está tomando "todas las garantías legales" en estos procesos.