Los tres sospechosos se habrían aliado para "condicionar el examen de legitimidad del Tribunal de Cuentas sobre la aprobación del proyecto definitivo", detalló la Fiscalía en un comunicado recogido por los medios locales.
Todos están acusados, en grado de coautoría, de los delitos de cohecho, así como de revelación y utilización de secretos de oficio.
El proyecto del puente de Mesina, adjudicado al consorcio Eurolink , liderado por la constructora italiana Webuild y participada en un 22,4 % por la española Sacyr, fue bloqueado el pasado octubre por el Tribunal de Cuentas.
Con una inversión prevista de 13.532 millones de euros, la iniciativa no obtuvo el visto bueno del tribunal, que frenó las obras que debían comenzar antes de este verano.
Los investigados por la Fiscalía son un abogado de 71 años, natural de Reggio Calabria (sur) y exmiembro del consejo de administración de la empresa pública encargada del proyecto, Stretto di Messina S.p.A.; un empresario de 65 años, también de Reggio Calabria y residente en Roma, y el expresidente adjunto del Tribunal de Cuentas, de 70 años, jubilado en febrero de 2026.
De acuerdo con las pesquisas, el abogado y el empresario ofrecieron al juez apoyo para acceder a cargos en entidades públicas tras su jubilación a cambio de su colaboración para favorecer el proyecto.
También habrían intentado acercarse a otros magistrados considerados útiles para sus intereses y revelado a terceros información reservada obtenida del juez del Tribunal de Cuentas investigado.
Por su parte, el magistrado investigado habría facilitado información confidencial sobre las decisiones de sus colegas y sobre el desarrollo de la Cámara de Consejo reunida en sesión plenaria.
Tras el bloqueo del proyecto en octubre de 2025, el juez se habría comprometido a redactar una memoria en favor de la empresa para eludir el veto judicial, manifestando a cambio su interés en ocupar la presidencia de la Autoridad Garante de la Competencia o de alguna sociedad participada.
La Fiscalía ha encargado a los carabineros (policía militarizada italiana) la realización de registros personales, domiciliarios e informáticos en Roma, Reggio Calabria y Frosinone, donde se han incautado de diversos dispositivos y documentos.
El proyecto contemplaba un puente colgante con un vano central de 3.300 metros, tres carriles por sentido, dos vías ferroviarias y torres de 399 metros de altura, que reduciría el trayecto entre Calabria y Sicilia de las dos o tres horas actuales en ferry a solo 15 minutos por carretera y 10 minutos en tren.
El actual director ejecutivo de Stretto di Messina S.p.A, Pietro Ciucci, aseguró la "máxima disposición" de su empresa a colaborar con las autoridades investigadoras.