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“Producir o distribuir contenido que ridiculice, provoque, altere o se burle del orden público, de los valores religiosos o de la moral pública a través de las redes sociales (...) se considerará como un delito sancionable con cinco años de prisión y una multa de tres millones de riyales (800.000 dólares)”, indicó la fiscalía saudí en un Tweet.
La represión contra disidentes, incluyendo arrestos de figuras religiosas, de personalidades liberales y de activistas de los derechos de la mujer, se intensificó desde el nombramiento en 2017 del príncipe heredero Mohamed bin Salmán.
El año pasado, el príncipe inició una campaña anticorrupción y detuvo en un palacio de Riad a hombres de negocios y miembros de la familia real que negociaron su libertad ofreciendo importantes pagos al Tesoro Público. Al mismo tiempo, las autoridades saudíes desarrollan planes para liberar la economía de su dependencia del petróleo y promover una apertura relativa de la sociedad saudí.
En junio pasado se autorizó a las mujeres a conducir. El mes pasado estalló una crisis diplomática con Canadá, después de que Ottawa abogara en favor de la liberación de activistas de los derechos de las mujeres.
Arabia Saudita expulsó al embajador canadiense en Riad y retiró al suyo de Ottawa. También congeló todo nuevo acuerdo económico con Canadá y suspendió becas para estudiantes saudíes en Canadá.