El cónsul de Bolivia en Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sainz, rechazó las afirmaciones de la ministra Patricia Bullrich, quien, en una entrevista en la radio La Red había declarado: “Acá vienen ciudadanos peruanos y paraguayos y se terminan matando por el control de la droga”.
La ministra de Seguridad afirmó también que el “33%” de los presos por delitos federales procede de esos países latinoamericanos, y defendió un proyecto para limitar el ingreso a Argentina y expulsar a todo extranjero con antecedentes penales en delitos graves.
Es necesario, dijo el martes Bullrich, “ordenar nuestras relaciones con Paraguay, con Bolivia y con Perú”.
“Están estigmatizando a los extranjeros”, reaccionó Tapia Sainz en declaraciones a Radio 10. El cónsul de Bolivia agregó: “Esas expresiones dañan y no hacen a la generalidad de los bolivianos” .
“El común de las personas ve como un delincuente a boliviano y peruano, gente que es mayoría honrada”, amplió en nombre de Bolivia, país que como Paraguay comparte frontera con Argentina.
El debate sobre el proyecto que busca endurecer la política migratoria argentina, al igual que en otros países, rápidamente se relacionó a los problemas de seguridad ciudadana, sin que se muestren sondeos o cifras oficiales que afirmen las posturas más radicales contra la inmigración.
Entre las tantas ramas del debate, también surgieron cuestionamientos, con posturas a favor y en contra, sobre el ingreso de estudiantes extranjeros a las universidades públicas del país que son gratuitas.
El presidente argentino, Mauricio Macri, afirmó la semana pasada que los cambios a los que apunta su gobierno en materia migratoria tienen un enfoque particular en ciudadanos de países con alto nivel de narcotráfico, como México, Colombia o Perú.
“No podemos permitir que por falta de acción, el crimen siga eligiendo a la Argentina para delinquir” , dijo Macri en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
Macri afirmó que su país, históricamente de puertas abiertas a la inmigración, necesita “articular con los otros países para saber quién es quién, actuar preventivamente” ante la llegada de posibles delincuentes.
La última reforma al Código Penal, aprobada en 2015, prevé la expulsión de un extranjero que cometa un delito que contemple penas inferiores a los tres años de prisión, es decir, las que podrían evitar la cárcel.
Esta iniciativa fue objetada por organismos humanitarios, que la consideraron inconstitucional.