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Los magistrados del Supremo aprobaron con diez votos a favor, tres en contra y una abstención la solicitud de una ciudadana filipina que en 2011 disolvió en Japón su matrimonio con un ciudadano nipón, pero no había podido formalizar el proceso en su país debido a que el divorcio es ilegal.
El fallo sin precedentes del Tribunal Supremo, a cuyo contenido tuvo acceso Efe, indica que “el divorcio en el extranjero de un filipino y un cónyuge extranjero también se considera válido en Filipinas, incluso si es el cónyuge filipino el que solicita el divorcio en el extranjero”.
La sentencia, que permitirá a la demandante volver a casarse en Filipinas, llega después de que ésta perdiera un primer juicio en un tribunal ordinario y ganara un segundo en la corte de apelaciones, lo que llevó a la Fiscalía a recurrir y el caso acabó finalmente en el Supremo.
La decisión jurídica se considera histórica porque abre la puerta a que miles de ciudadanos casados con extranjeros puedan romper su matrimonio y rehacer su vida en su propio país. Además, supone un espaldarazo al proyecto de ley para legalizar el divorcio que recibió el visto bueno del Parlamento y actualmente está pendiente de una decisión del Senado para seguir adelante.
Filipinas, un país de fuerte tradición católica por los más de tres siglos de colonización española, es junto al Vaticano el único país del mundo en el que divorciarse es ilegal. Solo existe la opción de anular el matrimonio, un proceso largo y demasiado costoso para la mayoría de los filipinos.
La influyente Iglesia católica de Filipinas se ha posicionado en contra de todos los proyectos relacionados con la legalización del divorcio desde 1999. Según una encuesta realizada el año pasado, un 53% de los filipinos estarían de acuerdo con legalizar el divorcio.