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SAN JOSÉ. La Fiscalía General confirmó que hoy se comunicó a la Procuraduría General de la República la acusación contra el expresidente por el caso conocido como "Crucitas".
El delito de prevaricato (emisión de resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos) estipula penas de cárcel de entre dos y seis años.
Según la ley, la Procuraduría tendrá 13 días hábiles para decidir si presenta una querella o una acción civil en busca de una indemnización para el Estado, y una vez concluido ese plazo la Fiscalía indicó que enviará la acusación al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública.
El caso se refiere a la firma en 2008 de decretos para declarar de interés y conveniencia nacional el proyecto de minería de oro Las Crucitas, en la zona norte del país, la cual nunca llegó a construirse por completo ni a explotar oro, pues el proyecto fue cancelado por instancias judiciales en 2010.
Los decretos habrían facilitado una serie de permisos y trámites a la empresa Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold, que fueron denunciados por grupos ambientalistas y políticos.
La empresa minera esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro con una concesión por 10 años.
Este caso fue reabierto el 2 de noviembre de 2017 por la fiscal general Emilia Navas, quien siete días después llamó a declarar al expresidente Arias.
Navas comenzó sus funciones en octubre de ese año con la promesa de revisar una serie de casos polémicos que no avanzaron durante la gestión del anterior fiscal Jorge Chavarría, quien fue suspendido del cargo por irregularidades y que en diciembre pasado se jubiló.
El caso llevado adelante por Chavarría no incluyó en la acusación al expresidente Arias, pero sí a quien fue su ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, quien también firmó los decretos.
En 2015 un Tribunal Penal condenó a tres años de cárcel al exministro Dobles por el delito de prevaricato, pero días después la sentencia fue anulada por el Tribunal de Apelación que ordenó un nuevo juicio.
En este nuevo juicio, el Tribunal Penal emitió una resolución para devolver el caso a la fase intermedia de audiencia preliminar, en la que la nueva fiscal general debía determinar si imputaba a Óscar Arias.