Guaidó denuncia que gobierno de Maduro busca “cerrar” el Parlamento

CARACAS. El líder opositor Juan Guaidó denunció que el gobierno de Nicolás Maduro pretende “cerrar” el Parlamento venezolano, luego de que su sede fuera bloqueada este martes en el marco de una arremetida oficialista contra el Legislativo.

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“Están tratando de cerrar por la vía de los hechos el Parlamento nacional, única instancia legítima reconocida por el mundo”, denunció ante periodistas Guaidó, jefe parlamentario a quien medio centenar de países consideran el mandatario interino de Venezuela.

La sede de la Asamblea Nacional -único poder en manos de la oposición- amaneció el martes tomada por agentes del servicio de inteligencia (SEBIN) por la supuesta presencia de explosivos en su interior, y policías bloquearon sus accesos, impidiendo la entrada de los diputados.

En la tarde, el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que el despliegue obedeció a una “amenaza de bomba”, pero que las autoridades no encontraron rastros de explosivos.

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La presencia del SEBIN, policías y militares impidió una sesión legislativa, pospuesta para este miércoles, que condenará una ola de represalias judiciales contra diputados que apoyaron un fallido levantamiento militar contra Maduro el pasado 30 de abril.

Cabello dio a entender que el debate podrá realizarse, minimizando el impacto de lo que allí se discuta, poco antes de que la Constituyente despojara de su inmunidad a cinco diputados opositores por la sublevación. Tras esa medida, subió a catorce el número de legisladores que serán procesados por traición a la patria.

Uno de ellos, Franco Manuel Casella, se refugió en la residencia del embajador de México en Caracas, informó el gobierno mexicano, que pese a no reconocer a Guaidó manifestó “preocupación” por la situación de los derechos humanos y la inviolabilidad del fuero parlamentario en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, había abierto la puerta a los juicios, imputando a los congresistas en sucesivos fallos.

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En la práctica, el Parlamento se mantiene anulado por una decisión del TSJ y fue sustituido en sus funciones por la Constituyente. Una veintena de sus miembros han sido objeto de medidas judiciales.

En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos pidió este martes tomar “medidas concretas” ante el aumento de la represión contra el Parlamento, cuyo vicepresidente, Edgar Zambrano, fue arrestado hace una semana.

Otros tres colegas suyos se habían refugiado entonces en sedes diplomáticas y uno más huyó a Colombia. “El régimen ha intensificado esfuerzos para encarcelar líderes de la oposición”, denunció el embajador interino de Estados Unidos ante la ONU, Jonathan Cohen.

“Llegó la hora de que Nicolás Maduro se vaya, solo le ha causado miseria al pueblo venezolano, y esperamos que el apoyo ruso a Maduro cese”, había declarado antes el jefe de la diplomacia norteamericana, Mike Pompeo, tras reunirse en Sochi con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.

Principal protector internacional de Guaidó, Estados Unidos mantiene una política de sanciones para forzar la salida de Maduro y no descarta una opción militar.

Estados Unidos busca “dividir a la Fuerza Armada, confundirla” y sus “vendepatria, títeres que tienen en Venezuela, están llamando al Ejército de Estados Unidos a que ocupe Venezuela”, fustigó Maduro en un acto en el que condecoró a militares por su lealtad durante la rebelión.

El enviado de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, solicitó una reunión con el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, que de concretarse sería el primer contacto públicamente conocido entre el campo de Guaidó y el ejército estadounidense.

Guaidó busca la salida de Maduro para dar paso a una transición y “elecciones libres” , mediante llamados al ejército a rebelarse y movilizaciones callejeras, que en las últimas semanas perdieron fuelle.

Las manifestaciones opositoras chocaron con “una estrategia de ataque sistemático y generalizado” contra disidentes, denunció este martes desde México la oenegé Amnistía Internacional (AI) , que pidió a la Corte Penal Internacional ampliar su investigación sobre el país suramericano.

“Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias, muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza” son procedimientos que “configurarían crímenes de lesa humanidad”, según AI, que vio “patrones similares” en las protestas de 2014 y 2017.

AI documentó 47 muertos en protestas entre el 21 y 25 de enero, 39 de ellos a manos de fuerzas de seguridad o grupos afectos al gobierno socialista.

La tensión por la crisis también se sintió en Washington: en la embajada de venezolana cuatro activistas estadounidenses que se oponen a que la sede sea ocupada por los representantes de Guaidó, esperaban la irrupción de la policía para desalojarlos del recinto.

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