/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/FJ4CBW2JZZCG7O3VZ3ZM4HDLVI.jpg)
Cargando...
“Pedimos 30 años de cárcel por cada una de las 37 víctimas de la quema de la embajada de España (1.110 años) y 40 años de prisión por tentativa de muerte de dos personas (80 años)” , que sobrevivieron al siniestro, entre ellos el exembajador Máximo Cajal y un indígena, dijo a la AFP la fiscal del caso, Hilda Pineda.
Además solicitó 30 años de cárcel por la muerte de cada uno de los dos estudiantes asesinados cuando se realizó el funeral de las víctimas de la sede diplomática, el 2 de febrero de ese mismo año.
Pineda hizo esa solicitud ante las juezas del Tribunal B de Mayor Riesgo de la capital guatemalteca, durante la fase de conclusiones del juicio que inició el pasado 1 de octubre.
García es el único acusado por el ataque porque era el jefe de la unidad de élite de la Policía a la que se responsabilizó de las acciones.
El acusado, que vestía un pantalón de mezclilla azul, una chaqueta negra y botas vaqueras, siempre se mantuvo sereno y de vez en cuando daba un sorbo de agua.
“Estamos absolutamente seguros que ningún tribunal nos va a votar este juicio porque se presentaron pruebas fehacientes” , afirmó a la AFP la querellante adhesiva en el caso y premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú, quien acudió a la audiencia.
“Se pudo documentar la verdad, nuestro primer objetivo, el cual se logró. El perdón depende de la sentencia y por eso buscamos la verdad y justicia” , insistió la laureada, cuyo padre, Vicente Menchú, falleció en el asalto a la sede diplomática.
La fase de conclusiones continuará el martes y le toca el turno a los abogados de Menchú y a la defensa.
Tras concluir esa etapa, la fiscal indicó que espera que el Tribunal convoque a una última audiencia el miércoles para dictar sentencia.
El incendio fue provocado en la embajada española el 31 de enero de 1980, luego de que un grupo de indígenas, campesinos y universitarios tomaran la sede diplomática para denunciar la represión del ejército en sus comunidades, en el marco de la guerra que vivió el país entre 1960 y 1996.
Para desalojarlos, los militares y policías quemaron la sede, donde murieron carbonizadas 37 personas, en su mayoría indígenas, así como un exvicepresidente y un excanciller guatemaltecos y tres diplomáticos españoles.