Prensa en situación crítica

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Prensa en Venezuela, Marco Ruíz, charló con ABC Color desde Caracas para ahondar sobre la expulsión de periodistas y la presión del gobierno a los medios de comunicación.

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Tras la revocatoria del permiso para trabajar a corresponsales de la cadena de televisión CNN por parte del gobierno de Nicolás Maduro, nos comunicamos con Marco Ruíz para conocer más acerca de los problemas que agobian a los medios y periodistas en Venezuela.

Ruíz comentó que los periodistas de CNN tuvieron que abandonar el país cuando les fueron retirados sus permisos para trabajar.

Pero CNN no es el único medio que sufrió los ataques del gobierno venezolano, NTN 24 (un canal colombiano que igualmente brindó mucho espacio a las manifestaciones en Venezuela) fue sacado de la grilla de la televisión por cable.

Los medios que llevan cubriendo las manifestaciones desde hace 15 días también reciben amenazas de ser clausurados y otros han optado por callar para evitar tener la misma suerte.

“Esto es una clara violación a la libertad de expresión que se esconde tras el supuesto ejercicio soberano de un gobierno de velar por los intereses de un país, cuando en verdad la soberanía no reside en el gobierno ni sus autoridades, sino en los ciudadanos de este país que tienen el derecho de decidir por cuál medio de comunicación se informan, cuáles son los elementos dentro del debate que van a considerar para al final tener un criterio propio de lo que está ocurriendo”, menciona Ruíz.

“A esto se suma que ya hace unos días sacaron de la televisión por cable a NTN 24 y no puede verse en los servicio de televisión por suscripción. Han tumbado también el acceso por internet a este canal de noticias y además se mantiene precisamente una presión frente a las radios, hay una decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que alerta que la cobertura de los hechos, las manifestaciones y las protestas que se están dando en Venezuela pueden ser violatorias de la ley de Responsabilidad Social en radio y televisión, con lo cual han logrado generar un blackout informativo, un enorme vacío de información, se han autocensurado los medios de comunicación venezolanos poniéndose de espaldas a los intereses del pueblo venezolano”, afirmó alarmado.

Una forma que el gobierno utiliza para sacar fuerza a la prensa es el control de los insumos que utilizan los periódicos para la impresión de las ediciones. El papel y la tinta deben ser comprados por proveedores extranjeros y el gobierno controla esas transacciones. Eso ha llevado a que los diarios reduzcan hasta en un 70 por ciento sus ediciones y no puedan publicar normalmente las noticias.

“Nosotros nos preguntamos si es eso lo que precisamente quieren estimular, unos medios de comunicación que no tengan el espacio suficiente para que los periodistas no puedan investigar y hacer investigaciones realmente serias o brindar espacios para que se reflejen las distintas voces críticas de una gestión de gobierno altamente señaladas (…) Hay problemas de inseguridad, de escases, de inflación, hay distintos tipos de problemas que son objeto de estudio, de investigación para los periodistas venezolanos, pero están en este momento atrapados, porque a través de ese uso abusivo políticamente de parte del gobierno no hay espacios para publicar ese tipo de problemas y de alguna manera desnudar la crisis que se está viviendo en el país”, señaló.

Los medios no son las únicas víctimas del gobierno venezolano. Desde que iniciaron las protestas un total de 38 periodistas fueron afectados. Algunos fueron detenidos y otros resultaron golpeados o heridos. A otros comunicadores se les robó sus equipos de transmisión, cámaras y hasta sus celulares para evitar que siguieran transmitiendo lo que ocurría.

Marco Ruíz menciona sobre este hecho que “se está haciendo una cobertura en una situación realmente hostil. Las autoridades venezolanas han dejado de lado la responsabilidad de brindar la protección de vida a los comunicadores sociales como una manera de garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos venezolanos de estar informados”.

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