Consorcio Costanera transgredió pliegos de licitación

Cuando en 2016 se iniciaron los trabajos de Costanera Norte, la adjudicataria procedió a extraer arena para los terraplenes del banco San Miguel, a la vista de la fiscalización y del MOPC pese que el pliego de licitación lo prohibía.

Sumario instruido por la DNCP contra el Consorcio Costanera.
Sumario instruido por la DNCP contra el Consorcio Costanera.ABC COLOR

Cuando en el año 2016 se iniciaron los trabajos de Costanera Norte, en principio, la adjudicataria procedió a extraer del banco San Miguel arena para construir los terraplenes, pese que estaba expresamente prohibido por el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), que sirviera para el llamado a licitación, y solo se detuvo la extracción cuando la prensa publicó el hecho.

Pero, debido a que la infracción contractual se hizo pública, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), mediante la Resolución DNCP N° 432/18 de fecha 2 de febrero de 2018, instruyó un sumario administrativo a la firma Consorcio D-R Costanera con RUC N° 80005623-0, integrado por las firmas CDD Construcciones SA, con RUC N° 80018890-0; y Benito Roggio e Hijos, con RUC N° 80005623-0, en el marco de la Licitación Internacional N° 52/2015 “Construcción de la avenida Costanera Norte de Asunción Segunda Etapa, y conexión de la avenida Primer Presidente con la Ruta Nacional N° 9, financiada con recursos provenientes del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), convocada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) - ID N. 295713”. Luego, en el expediente caratulado: Sumario administrativo instruido a la firma Consorcio R-D Costanera, en la providencia de fecha de enero de 2018 dispuso: “Estando cumplidos todos los actos procesales correspondientes al presente sumario, llamase autos para resolver” y expresa, “Es así que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 109 del Decreto N° 21909/03, se ha emitido el Al N° 1077/17, de fecha 1 de agosto de 2017, se ha individualizado claramente el cargo que se le imputa a las sumariadas, ya que presumiblemente habrían incumplido con sus obligaciones contractuales al iniciar el refulado de materiales, sin contar con la aprobación de la Fiscalización, conforme lo determinó el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) que sirviera para el llamado a licitación; además, habrían actuado con mala fe, al iniciar con los trabajos de refulado en la Bahía de Asunción, pese a la prohibición establecida en el PBC” (textual).

Infracción, ramificaciones

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Si bien con el sumario quedó demostrado que existió una falta administrativa por parte de la contratista, en razón de la mala fe demostrada desde el inicio mismo de los trabajos de Costanera Norte 2, al extraer arena del banco San Miguel, prohibido por el PBC, y que luego se detuvo gracias a la prensa, llamativamente el sumario excluyó a la fiscalización al decir “sin contar con la aprobación de la Fiscalización”, y tampoco menciona al MOPC, pasando por alto que administrativamente el ministerio solo procede a pagar los trabajos que previamente fueron aprobados por la fiscalización, lo que revelaría cierta complicidad en el ilícito y que, curiosamente, el sumario administrativo se “olvidó” de considerar.

Sumario “a medida” o fiscalización de florero

Contractualmente la fiscalización cuenta con herramientas legales para suspender tareas que podrían transgredir el PBC. En efecto, antes del inicio de los trabajos es de rigor que la Fiscalización habilite el denominado “cuaderno de Orden de Servicio” (OS). Se trata de un bloc de notas con hojas triplicadas, selladas y foliadas, para comunicarse con la empresa. (original para la destinataria, el duplicado se adjunta a los certificados de los trabajos aprobados y que mensualmente se remiten al MOPC para su pago, y el triplicado para archivo de la fiscalización).

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Con igual propósito y característica, la contratista habilita el Cuaderno de “Nota de Pedido” (CP) para comunicarse con la Fiscalización, por lo general antes de iniciar la ejecución de los distintos ítems. De modo que hubiese bastado la emisión de una “Orden de Servicio” prohibiendo iniciar el refulado en el Banco San Miguel, para que la empresa se allane y el problema se evite desde el primer día.

Sin embargo, pese a estar demostrado que en la práctica contractualmente es norma que todas la tareas para su pago previamente deben ser aprobados (certificados) por la fiscalización, y de hecho presumiblemente con la venia del MOPC, en el sumario no resultaron “culpables”, y el Ministerio de Obras ni siquiera fue mencionado. La explicación posible sería, que pudo haber existido algún tipo de “orden superior” subrepticia para hacer la “vista gorda”, una vieja práctica que parecía haberse dejado de lado.

Este “privilegio” sería reservado a un exclusivo grupo de empresas que integrarían la llamada “rosca vial” empotrada en el MOPC, y que a la fecha seguiría vigente. Además, demostraría que el tráfico de influencias está vigente mas que nunca, y que los “lobbystas” (conocido en la jerga vial como “ordenanzas de lujo”), seguirán torciendo el brazo de los que toman decisiones sin importar pisotear las instituciones, cuestiones técnicas y hasta normas ecológicas.

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