Sin denuncias por despido injustificado, según viceministro de Trabajo

El viceministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Luis Orué, dijo que trabajadores no han optado por realizar denuncias ante el Gobierno por despido injustificado tras los 90 días de suspensión de contrato.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el viceministro de Trabajo, Luis Orué, habló de la situación laboral que atraviesa el país durante la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, señalando que hasta ahora su viceministerio no ha recibido denuncias de trabajadores que se “autodespiden” tras el vencimiento del plazo de 90 días que el Código Laboral contempla para la figura de “suspensión de contrato”.

Ante la imposibilidad de seguir pagando salarios normalmente debido a la disminución o la cancelación total de las actividades de muchas empresas o comercios en el marco de la emergencia sanitaria, muchas patronales optaron por solicitar al Gobierno la suspensión de contratos, una medida que libera temporalmente a los empleadores de la obligación de pagar salarios, sin tener que despedir a sus empleados.

Según el Código Laboral, luego de 90 días de suspensión de contrato, el empleado tiene el derecho de “darse por despedido” y reclamar una indemnización por medio de una denuncia de despido injustificado. Sin embargo, el viceministro afirma que hasta ahora nadie recurrió a esa medida.

“Hasta ahora no tuvimos denuncias de funcionarios suspendidos porque si en tiempos normales era difícil conseguir trabajo, imagínense ahora”, comentó el viceministro Orué.

El viceministro explicó que al término de los 90 días, muchas empresas cuyas actividades e ingresos no se recuperaron adecuadamente están solicitando prórrogas a las suspensiones, algunas llegando a solicitar hasta 90 días más.

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“Hay casos de empresas que volvieron pero no están teniendo la repercusión económica que esperaban”, señaló.

Explicó que hay empresas que hacen rotar a sus trabajadores, haciendo trabajar a un grupo durante un mes y a otro grupo al mes siguiente “para no desampararles” y debido a que “no quieren soltar a sus trabajadores” que ya están formados y capacitados para realizar sus respectivas labores, “pero no tienen la posibilidad de mantenerles”.

El viceministro Orué señaló que los sectores más gravemente afectados son, en primer lugar, los comercios ubicados en zonas fronterizas, cuya actividad se vio particularmente golpeada por el cierre de fronteras; a ese sector le siguen el sector gastronómico y las agencias de turismo.

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