Constatan criminal deforestación en propiedad de colonos brasileños

CURUGUATY. Autoridades del medio ambiente de nuestro país constataron la destrucción de cerca de 1.000 hectáreas de bosque en dos procedimientos realizados en la región. Los terratenientes de la zona habrían aprovechado la emergencia sanitaria para cometer graves crímenes ambientales para ampliar sus cultivos de soja.

Derriban 1.000 hectáreas de bosque nativo.
Derriban 1.000 hectáreas de bosque nativo.Rosendo Duarte, ABC Color

Una comitiva interinstitucional, conformada por fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Ministerio Público, agentes del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales (Deboa), técnicos del Instituto Forestal Nacional (Infona) y efectivos de la Policía Nacional, detectó cerca de 1.000 hectáreas de deforestación en una propiedad que sería del colono brasileño Ulises Teixeira, en el límite entre los departamentos de San Pedro y Canindeyú.

Según Julio Marecos, director de Fiscalización del Mades, durante el recorrido se pudo constatar el cambio de uso de suelo a través del desmonte de áreas boscosas nativas, afectando las condiciones naturales características del lugar.

Imagen satélital donde se constata el grave delito ambiental.

De igual forma, se pudo observar la alteración de la franja de protección de cauce hídrico de las áreas desmontadas, indicó el funcionario.

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Marecos dijo que todavía se pudo ver restos de vegetación acumulados en montículos para su eliminación, las parcelas mecanizadas y la preparación de suelo para cultivo con aplicación de cal agrícola. El desmonte afectó gravemente el hábitat natural de varias especies de la vida silvestre.

El agente fiscal del Medio Ambiente, Alcides Giménez, quien acompañó el operativo, señaló que la acción es criminal y anunció que procesará a los responsables que -según documentos obrantes en poder de los intervinientes- serían Ulises Teixeira, Saulo Rodríguez y la firma Yby Porã-Xt Paraguay.

En total, 950 hectáreas de desmonte fueron constatadas: 800 en San Vicente San Pedro y 150 en Ko ê Porã, Canindeyú.

La intervención fue realizada a raíz de denuncias de WWF Paraguay y personas anónimas.

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