Un “caiga quien caiga” bastante selectivo

Varios casos de corrupción salpicaron a hombres de confianza del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en sus primeros dos años de gobierno. Pese a prometer mano dura contra la corrupción y no más impunidad, su promesa de “caiga quien caiga” se ablandó cuando se trató de tocar a personas de su anillo más cercano.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, salpicado por el escándalo de compras de los “insumos chinos”
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, salpicado por el escándalo de compras de los “insumos chinos”Gentileza, Presidencia

Detave, el primer gran escándalo

El 26 de abril de 2019 caía detenido el Gral. (Sr) Ramón Benítez, entonces titular del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), dependiente de la Dirección Nacional de Aduanas encargada de la lucha contra el contrabando.

La investigación fue iniciada el 10 de marzo cuando la Unidad Anticontrabando a cargo de Emilio Fúster recibió una carta anónima que revelaba el esquema de recaudación ilegal en Aduanas. Durante cinco semanas, los días viernes, el Gral. Benítez recibía la coima, ya sea en su residencia en Asunción o en una oficina en San Lorenzo.

El fiscal René Fernández explicó que se hacía una repartija proporcional del dinero recibido, generalmente en sobres que eran entregados a cada uno de los participantes.

Se reveló un esquema de pago a periodistas de diferentes medios de comunicación para conseguir coberturas. Algunos sostuvieron que el dinero era en concepto de “publicidad”.

Reunidos con investigados por lavado

Una foto de febrero de 2018 revelada semanas atrás evidenció que tanto el presidente, Mario Abdo; como el vicepresidente, Hugo Velázquez; mantuvieron reuniones con empresarios procesados por millonarios casos de lavado de dinero y evasión.

En ese encuentro estuvieron varios propietarios de empresas asentadas en esa zona. Por ejemplo aparece Walid Amine Sweid, señalado en un informe presentado ante el Senado de los Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el financiamiento de grupos considerados terroristas. En el Paraguay es investigado como uno de los propietarios de Global Logistics Solutions SA, la empresa que sería cabecera de un enorme esquema de lavado de dinero que operaba desde Ciudad del Este y que habría blanqueado unos 1.200 millones de dólares.

Un llamado direccionado y un intento de soborno

En el primer semestre de 2019, el Instituto de Previsión Social (IPS), presidido por Armando Rodríguez, estuvo a punto de entregar un contrato por G. 140.000 millones para la compra de servicios de seguridad privada y vigilancia a empresas ligadas a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro.

Publicaciones periodísticas alertaron que existía direccionamiento y sobrecosto en el millonario llamado, pero la previsional siguió con el proceso y adjudicó a las firmas del Grupo Chamorro.

No fue sino hasta que el empresario participó de un intento de soborno a un periodista de ABC Color para “arreglar” la situación, ya que el presidente de la República, Mario Abdo, ordenó la anulación del proceso. Del intento de “arreglo” participó el entonces senador liberal Dionisio Amarilla, quien fue expulsado del Congreso semanas después.

Tapabocas de oro

El primer gran escándalo en las compras en el marco de la pandemia salpicó a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), encabezada entonces por Édgar Melgarejo. El ente adquirió tapabocas sobrefacturados y vencidos.

El caso saltó cuando el empresario Ignacio Pidal denunció que Melgarejo le había regateado los precios para conseguir los barbijos a unos G. 2.700 la unidad, pero que finalmente el ente terminó adquiriendo 4.000 tapabocas a G. 30.000 cada uno.

Dalia López y el caso Ronaldinho

El exfutbolista brasileño Ronaldinho llegó a principios de año a Paraguay supuestamente para presentar un libro y realizar jornadas solidarias; sin embargo, quedó detenido por haber ingreso al país con documentos de identidad falsos.

El caso terminó vinculando a la empresaria Dalia López, una ignota mujer hasta entonces que hacía gala de su poderío económico. Aunque había mantenido un perfil bajo, se comprobó que en los últimos años participó de varios actos públicos. Entre ellos, al menos en uno compartió espacio con el presidente Abdo Benítez, según se puede ver en un video captado el 19 de setiembre del año pasado en San Juan de Ñeembucú y publicado por la organización Miss Paraguay.

Desde el entorno de Abdo intentaron negar vínculo político alguno con la mujer, pero el caso terminó revelando un esquema de producción de documentos de identidad paraguayos originales, pero de contenido falso.

Insumos vencidos y sobrefacturados

La Contraloría detectó que Petropar utilizó la excusa del coronavirus para adquirir insumos sobrefacturados y vencidos durante la presidencia de Patricia Samudio. La estatal gastó millones para comprar tapabocas cuya vida útil terminó en 2017 y los entregó para la distribución entre médicos de Salud Pública.

Otro de los insumos pagados por encima del precio real fue el agua tónica adquirida por Petropar, cuya compra Samudio defendió asegurando que tenía propiedades “inmunológicas” para hacer frente al coronavirus.

Diputados abdistas procesados

La fiscal Lorena Ledesma imputó en setiembre de 2018, poco después de la asunción de Abdo, al diputado altoparanaense Ulises Quintana por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico en calidad de cómplice y tráfico de influencia. El diputado utilizaba una lujosa camioneta perteneciente a “Cucho”.

Audios de conversaciones revelaron que Quintana supuestamente intervino para liberar un camión con dinero en efectivo proveniente del narcotráfico. Aún así, el abdismo no solo lo mantuvo en sus filas, sino también en la Cámara de Diputados.

Por su parte, Miguel Cuevas fue imputado por los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa, hechos que guardan relación con su gestión como gobernador de Paraguarí. Cuevas sigue gozando de buenas relaciones con el mandatario.

Insumos chinos

El caso más delicado tiene que ver, sin lugar a dudas, con el de los “insumos chinos” proveídos por las firmas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec, ambas de Justo Ferreira, al Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia por coronavirus.

El MSP entregó a las apuradas un contrato de G. 85.000 millones. Informes de tres entes de control detectaron que el proceso estuvo viciado desde sus inicios, porque no hubo competencia real y se terminó adjudicando dentro de un mismo llamado a empresas del mismo grupo.

La cartera encabezada por Julio Mazzoleni entregó un adelanto de G. 17.000 millones a las firmas que no estaba previsto en el pliego de bases y condiciones original. Los insumos entregados no cumplían con los requisitos técnicos y había hasta dudas de su origen debido a que cambiaron la marca de algunos tras su llegada al país.

Funcionarios involucrados en el proceso de compra irregular de insumos de bioseguridad para el Ministerio de Salud Pública aseguraron que siguieron “orden superior” para darle celeridad, a pesar de los cuestionamientos. El exdirector administrativo sostuvo que seguía instrucciones de su jefe. “Mi jefe era el ministro Julio Mazzoleni”, dijo.

Ministro salpicado por caso Messer

Juan Ernesto Villamayor, actual jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República y hombre de extrema confianza del presidente Abdo, fue mencionado en el caso judicial que investiga la red de lavado del brasileño Darío Messer, hermano del alma del expresidente Horacio Cartes.

La exabogada de Darío Messer, María Leticia Bóbeda, confirmó que una mujer solicitó US$ 2 millones de coima en representación de Juan Ernesto Villamayor, pero afirmó que el pago nunca se concretó porque no querían ceder al “chantaje”. Para “escuchar la propuesta” se reunió con el secretario del exministro del Interior, José Bogado, además de una mujer que se presentó como amiga de Villamayor, Lorena de Barros Barreto, y el Crio. Ppal. Nimio Cardozo, exjefe de Inteligencia; sin embargo, aclaró que en ese encuentro no se habló del dinero, sino de una salida procesal al caso.

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