Marina Cue: trabajarán en nuevo proyecto para “blanquear” estado de ocupantes

Hernán Huttemann, asesor jurídico de Presidencia, informó que el Ejecutivo trabajará en un nuevo proyecto de ley que implique la desafectación de 806 hectáreas de la reserva conocida como Marina Cue, en Curuguaty, y en donde viven unas 130 familias que ocuparon el sitio. Este predio, según la presidenta del Indert, ya fue deforestado hace años, antes de que rija la normativa de “deforestación cero”.

Parte del predio de Marina Cue, en donde en 2012 fallecieron 17 personas tras un enfrentamiento entre policías y campesinos.
Parte del predio de Marina Cue, en donde en 2012 fallecieron 17 personas tras un enfrentamiento entre policías y campesinos.

Huttemann enfatizó este jueves en conversación con ABC que trabajarán en un nuevo proyecto que se adecue mejor a las necesidades de las personas que ocuparon la zona mencionada. Esto se decidió luego de que el presidente de la República haya vetado totalmente la ley que desafectaba las 1.748 hectáreas de la reserva forestal, un proyecto sancionado a las apuradas en diciembre pasado por el Congreso y que tendría un cargado tinte político.

“Cuando conversamos sobre el tema, el Presidente me dijo que vamos a presentar la objeción, pero también que se debe dar respuesta a la gente que está ahí”, explicó el asesor jurídico, quien contó cómo fue el proceso para que se tome la decisión para vetar la ley.

Este documento disponía que las 1.748 hectáreas de Marina Cue (predio que desde el 2016 es la reserva forestal Yberá, declarada a perpetuidad) sean transferidas del Ministerio del Ambiente (Mades) al Indert para que se conviertan en asentamiento para sus ocupantes.

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Sin embargo, el Ejecutivo reconoció que el proyecto contravenía las disposiciones de cuidado ambiental de la zona. “Existe una contraposición con lo que establece la Ley de Deforestación Cero”, precisó Huttemann.

Días pasados, la presidenta del Indert, Gail González, explicó en conversación con ABC que, de las 1.748 hectáreas, 806 ya fueron deforestadas antes de 2016 y que allí se había erigido una comunidad, por lo que por un lado reconocía la necesidad de legalizar la situación pero, por el otro, había recomendado un veto parcial porque estaba en riesgo el resto de la reserva en donde sí hay vegetación.

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En ese inmueble fallecieron 11 campesinos y seis policías en un enfrentamiento ocurrido el 15 de junio de 2012. Ayer, la presidenta del Indert dijo en conferencia que este nuevo proyecto implicará que el ente a su cargo haga un censo de familias y la regularización jurídica del asentamiento, conforme al estatuto de la Reforma Agraria.

La medida implicará la distribución de las 806 hectáreas para las 130 familias que allí viven.

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