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Con un repudio generalizado se manifestaron ayer referentes de la oposición ante el plan del expresidente de la República, Horacio Cartes, de impulsar una reforma constitucional que no solo habilite la reelección presidencial sino que también despoje facultades al Congreso para que la oposición no le estorbe ni lo controle.
“No contento con tener a Mario Abdo Benítez de títere y a los tres poderes del Estado a su disposición, Horacio Cartes no desiste de violar la Constitución Nacional para volver al poder y perpetuarse como dictador. ¡Estemos atentos para defender nuestra democracia!”. Así lo advirtió ayer en sus redes sociales Líder Amarilla, vicepresidente en ejercicio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Justamente esa agrupación opositora lideró las protestas del 31 de marzo de 2017 en contra de la enmienda mau que iba a permitir la reelección de Cartes y Fernando Lugo (Frente Guasu) y que culminó con la quema parcial del Senado y el asalto policial a la sede del PLRA, en donde fue asesinado el joven activista opositor Rodrigo Quintana en la madrugada del 1 de abril.
La diputada Kattya González (PEN) manifestó que una reforma constitucional requiere un debate previo, amplia participación ciudadana y propuestas concordadas entre el sector político y ciudadano. “De ninguna manera puede llevarse adelante con intenciones personales o sectoriales de un movimiento político y para beneficio exclusivo de un sujeto”, refirió en alusión al exmandatario.
Igualmente, alertó a la ciudadanía diciendo que es peligroso para la democracia no oponer resistencia ante una eventual avanzada autoritaria. “Sería abrir una caja de Pandora que únicamente satisfaga a unos pocos en detrimento de la ciudadanía”, manifestó la legisladora opositora.
Kattya es autora de un libro que trata sobre una eventual reforma constitucional, donde se plantea que el Congreso sea unicameral y se eliminen las gobernaciones, pero todo mediante un debate programado. El intento de instalar el debate sobre una constituyente surge del cartismo con la excusa de mejorar la justicia y equilibrar los tres poderes estatales.
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