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El fiscal Osmar Legal ha incurrido en una serie de actuaciones cuanto menos llamativas en el marco de la causa abierta por los llamados “insumos chinos” que las empresas del clan Ferreira pretendían entregar al Ministerio de Salud Pública.
A pesar de las numerosas documentaciones, el representante del Ministerio Público sigue sin subsanar sus actuaciones y el caso parece caminar al blanqueamiento.
Sin imputación por hechos más graves
El punto más llamativo del actuar del fiscal Legal es la no imputación por la alevosa adulteración de especificaciones técnicas de las mascarillas entregadas por las empresas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA, propiedad de Justo Ferreira, Roque Dagogliano y Carlos Borrel.
Legal no imputó por este hecho, a pesar de que formó parte central de la denuncia presentada por el ministro Julio Mazzoleni, quien se basó en constataciones y documentaciones contundentes de la Comisión investigadora liderada por el hoy Ministro del Interior Arnaldo Giuzzio.
La Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid-19 (CESC) descubrió que las firmas importadores cambiaron las cajas originales en las que vinieron los productos, y de esa manera suprimieron datos relevantes, como la inscripción de no ser de uso médico, fecha de expiración, e incluso datos del fabricante.
Solo por contrabando
Precisamente uno de los hechos que más llamó la atención es que, a pesar de contar con los datos y pruebas contundentes acerca de la adulteración de las mascarillas, el equipo de fiscales liderado por Osmar Legal solamente imputó por el contrabando de 50 camas hospitalarias, hecho que siquiera formaba parte de la denuncia.
El pasado 21 de enero, el Ministerio Público ratificó esa postura formulando acusación por el hecho punible de contrabando y asociación criminal por el hecho relacionado a las 50 camas hospitalarias, pero sigue sin manifestarse con respecto a las mascarillas, hecho que configura los delitos de tentativa de estafa y falsificación marcaria.
A pesar de la acusación fiscal por contrabando, el avance del operativo blanqueo es categórico, ya que el sumario administrativo realizado en primera instancia por Dirección Nacional de Aduanas increíblemente concluyó que el ingreso de las 50 camas hospitalarias no constituyó contrabando y solamente sancionó por defraudación, por circunstancias relacionadas al flete aéreo.
Con la decisión administrativa, la acusación fiscal bien puede caer por tierra, ya que se tiene por descontado que la defensa del clan Ferreira plantee al Juez de Garantías el sobreseimiento definitivo en base a lo resuelto en Aduanas. Al respecto, especialistas en la materia afirman que correspondería esta decisión en base a la prejudicialidad administrativa en materia de contrabando.
Todos estos hechos apuntan a un posible blanqueo.