Fiscalía analizará si se han cometido hechos punibles

La fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Soledad Machuca realizará el análisis técnico del informe de la investigación preliminar realizada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), sobre el acuerdo conciliatorio del 2 de diciembre de 2020 entre Petropar y Texos Oil SRL, que concluyó que no ha encontrado la perpetración de algún hecho punible. La Senac solamente encontró varias irregularidades administrativas.

Soledad Machuca, fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos. Analizará el informe de investigación  de la Senac.
Soledad Machuca, fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos. Analizará el informe de investigación de la Senac.Archivo, ABC Color

Fue lo que manifestó la directora de Comunicación del Ministerio Público, Élida Favole, ante una consulta de este medio de prensa, sobre la tramitación que dará el Ministerio Público al informe de investigación realizada por la Senac.

Favole también dijo que es obligación de UDEA realizar el análisis exhaustivo para determinar si las conductas del presidente de Petropar Denis Lichi, del exprocurador Sergio Coscia, así como la de otros funcionarios que surjan de este estudio han incurrido o no en la perpetración de hechos punibles que merezcan la persecución penal del Ministerio Público.

La fiscala adjunta de UDEA Soledad Machuca había solicitado al titular de la Senac, René Fernández Bobadilla, por medio de su nota del 28 de diciembre de 2020, que este órgano le remita al Ministerio Público la conclusión de su investigación sobre el polémico acuerdo conciliatorio de demanda civil, que así fue realizado.

Antecedentes

El exprocurador general de la República Sergio Coscia y el director jurídico de Petropar Alberto Mendoza solicitaron el 23 de diciembre de 2020 la revocación del acuerdo que firmaron el 2 de diciembre de 2020 con la empresa argentina Texos Oil SRL, a la que se pretendía pagar US$ 7 millones.

Con el pacto conciliatorio (Petropar-Texos Oil) se buscaba poner fin a una dudosa demanda que la compañía del país vecino, representada por Sergio Guillermo Marsiletti, entabló contra el Estado en 2011, luego de que se haya cancelado una adjudicación de la petrolera estatal para la compra de gasoíl en 2010.

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