Cuatro años de impunidad en asesinato de Rodrigo Quintana

Se cumplen cuatro años de impunidad del asesinato del joven Rodrigo Quintana, ocurrido en la madrugada del 1 de abril de 2017. La Fiscalía y la Justicia siguen evidenciando su sometimiento al poder político.

El incendio de la sede del Congreso fue el símbolo de la furia popular contra las ambiciones políticas de Horacio Cartes, Fernando Lugo, llanistas y oviedistas que quisieron forzar la reelección.
El incendio de la sede del Congreso fue el símbolo de la furia popular contra las ambiciones políticas de Horacio Cartes, Fernando Lugo, llanistas y oviedistas que quisieron forzar la reelección.Archivo, ABC Color

El intento de forzar una interpretación de la Constitución para implementar la reelección presidencial apuntaba a favorecer al entonces mandatario Horacio Cartes y al expresidente Fernando Lugo, y era impulsado por el sector cartista de la ANR, el sector llanista del PLRA y el Frente Guasu.

Un grupo de senadores liderado por el entonces presidente de la Cámara, Robert Acevedo (PLRA), se opuso a aquella intención. Entre ellos estaba el ahora jefe de Estado Mario Abdo Benítez, quien se enfrentó al plan totalitario de Cartes, actitud que lo posicionaría como la alternativa en el Partido Colorado. Ya en el poder, paradójicamente, Abdo Benítez eligió pactar con su antes adversario para tratar de salvar del naufragio a su endeble administración.

El plan de reelección presidencial tuvo un primer capítulo el 13 de enero de 2017, fecha en que legisladores y dirigentes colorados encabezados por el entonces vicepresidente de la República, Juan Afara, y la senadora Lilian Samaniego, presentaron al Tribunal Superior de Justicia Electoral cientos de carpetas que contenían una carta con –según dijeron– 360.000 firmas con las cuales pedían la enmienda constitucional que permita la reelección. Luego se descubrió que miles de esas firmas eran falsificadas o pertenecían a personas fallecidas o inexistentes. El bochorno hizo descartar esa pretensión por ese método.

El 28 de marzo del mismo año, en medio de un desorden en la sala de sesiones del Senado, el entonces vicepresidente primero Julio César Velázquez (ANR) asumió ilegalmente el cargo de presidente y dio entrada a dos proyectos: uno era el de enmienda constitucional para la reelección presidencial y el otro la modificación del reglamento interno para facilitar su tratamiento y aprobación.

El 31 de marzo, en una sesión irregular llevada a cabo en la oficina de la bancada del Frente Guasu, 25 senadores colorados, del Frente Guasu, liberales llanistas y de Unace “aprobaron” de manera anómala las modificaciones y la enmienda. Eso motivó el levantamiento popular y una violenta represión policial que duró hasta la madrugada, causó heridos y el asesinato del activista político Rodrigo Quintana por parte de las fuerzas del orden.

El 17 de abril, el presidente Cartes, presionado por varios sectores organizados y por la comunidad internacional, comunicaba por nota al arzobispo de Asunción que renunciaba a cualquier posibilidad de reelección.

El 26 de abril de 2017, la Cámara de Diputados, presidida por Hugo Velázquez, rechazó el proyecto de enmienda para la reelección presidencial, que fue archivado por 78 votos a favor y una abstención. Los manifestantes festejaron la decisión.

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