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El último gran golpe que sufrieron los padres del asesinado Rodrigo Quintana fue la intromisión de la abogada Ana Mora en el proceso judicial.
Mora está ligada al caso de despojo de una mina de oro en Paso Yobái y es abogada de Eduardo Heisecke Mazó, socio comercial de Juan Carlos López Moreira, gerente del Grupo Cartes y exjefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República durante el gobierno de Horacio Cartes.
La abogada asumió como representante de Leticia Redes, expareja de Rodrigo y madre de su hija.
Mora intenta apartar a como dé lugar a los padres de Rodrigo, a pesar de que su representada ya no tenía vínculo alguno con el joven asesinado.
“Ahora resulta que nosotros no tenemos más poder sobre la causa de Rodrigo, no tenemos potestad para seguir con la causa”, relata Fidelino Quintana, “Don Ino”, padre de Rodrigo.
La aparición de Mora
Mora se presentó como querellante adhesiva junto a su hijo, Oscar Ramírez Mora. Ambos alegaron ser representantes de Leticia Redes, madre de la hija de Rodrigo Quintana y quien fuera nombrada como funcionaria del Banco Nacional de Fomento durante el gobierno de Horacio Cartes.
Tras admitirse la querella adhesiva en febrero de 2018, curiosamente Mora y Ramírez otorgan un poder especial al abogado Rubén Darío Frutos para intervenir con ellos.
De acuerdo a un escrito presentado por Guillermo Duarte Cacavelos, representante de los padres de Rodrigo Quintana, ante la Corte Suprema de Justicia, esta acción tuvo como única finalidad apartar al juez Alcides Corbeta, quien era el juez original de la causa.
Corbeta tenía causal de inhibición con respecto a Frutos.
Fue tan sola la primera de una larga lista de intervenciones que tenían como único fin de dilatar el proceso.
Contra cruce de llamadas
El 28 de febrero de 2018, los abogados Ana Mora y Oscar Ramírez Mora, solicitaron el acceso a información como parte procesal, suspensión de diligencia, copia de orden de pericia y otros.
En el escrito los mencionados representantes manifestaron que no estaban de acuerdo con que se incorpore a la investigación los cruces de llamadas, arguyendo que viola derechos de terceros.
Curiosamente, a los que decían representar a los intereses de la hija de Rodrigo Quintana les preocupaban más los derechos de terceros antes que llegar a la verdad sobre quién dio la orden de atropellar la sede del PLRA, acto que terminó con la vida del joven dirigente.
Una semana después, el Ministerio Público respondió diciendo que todo lo que habían solicitado Mora y Ramírez estaba a disposición de los mismos, haciendo alusión a que nunca se acercaron a peticionar.
Los abogados Mora y Ramírez insistieron en marzo de 2018, a través de un urgimiento, sobre su reserva con respecto a la supuesta información de carácter privado.
“En dicha presentación se denota la desesperada actitud de que no se revelen los cruces de llamadas o cualquier elemento que someta a otra persona como responsable del hecho punible; actitud de completa divergencia respecto a su calidad de querellante adhesivo en el proceso que a su vez”, señala el escrito presentado por Duarte Cacavelo.
Defendieron a jefe policial
En junio de 2018, los abogados Mora y Ramírez desisten de la querella contra del exjefe policial Tomás Paredes Palma y Guido Amarilla.
Paredes Palma fue el que encabezó al grupo de policías que atropelló la sede del PLRA en la madrugada del 1 de abril de 2017, acto que terminó en la muerte de Rodrigo Quintana.
En el escrito, llamativamente los abogados hicieron defensa de Paredes Palma y Amarilla y los tratan de inocentes.
Más de 40 presentaciones
En total, Mora y Ramírez realizaron 42 presentaciones entre recusaciones, desestimaciones, impugnaciones, desistimientos y demás.
Ya en febrero de 2020, el juez Alcides Corbeta les advirtió sobre la temeridad de su conducta y el ejercicio abusivo del derecho en el presente proceso en razón a la visible carencia de fundamentos en los escritos presentados y por las cuales obligan y hasta pretenden dilatar las resultas del juicio
Entre las 42 presentaciones, los abogados realizaron varias para apartar a los padres de Rodrigo.
El primer intento fue en marzo de 2019, cuando contestaron el traslado luego de que el abogado Óscar Latorre planteara una excepción de falta de acción en representación del excomisario Tomás Paredes Palma.
Curiosamente, los abogados de la exnovia de Rodrigo se adhirieron a esa excepción que fue rechazada por el juez Corbeta.
Finalmente, en noviembre del año pasado, la jueza Hilda Benítez resolvió excluir la querella de los padres de Rodrigo Quintana, en la causa de la muerte del dirigente liberal. Esto luego de que se allanara al pedido el fiscal Giovanni Grisetti.
Cuando el expediente llegó a segunda instancia, Mora y Ramírez recusaron a todos los miembros del Tribunal de Apelaciones Segunda Sala en lo Penal.
Al ser remitido el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, volvieron a recusar a sus miembros, lo que motivó que en fecha 7 de diciembre de 2020 se inhiba Eugenio Jiménez; que en fecha 20 de enero de 2021, el ministro César Diesel no acepte ingresar a la Sala y queda pendiente la integración o no con el ministro Alberto Martínez Simon para un corte final del caso.
Grabaciones “desaparecieron”
La investigación de los hechos ocurridos entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017 estuvo marcada por un sinfín de hechos cuanto menos “llamativos”
Llamativamente, la fiscala Lorena Ledesma fue excluida del equipo de investigación, pese a que fue la única agente que como interina se preocupó por llegar a los que dieron la orden de ingreso al PLRA.
Ledesma fue quien ordenó incautar los audios de la frecuencia radial de la Policía Nacional, ante la resistencia de enviar la evidencias tras pedidos por escrito.
Sin embargo, después se sabría que los audios fueron borrados en sede policial, y esto fue posible porque el Laboratorio Forense del Ministerio Público alegó que no podía realizar una copia de seguridad (backup), a tiempo.
De esta forma se dejó manejar la evidencia que podían revelar las órdenes a la propia policía.
Según el abogado querellante Guillermo Duarte, hay fuertes sospechas de que 131 audios fueron borrados en 40 minutos previos, durante y luego del ataque a la sede del PLRA, donde fue asesinado Rodrigo Quintana. Las comunicaciones fueron incesantes durante los hechos.