Preocupa a SAT vínculo con constructoras

Integrantes de la Asociación de “Servicio de Asistencia Técnica” (SAT) acudieron ayer al Ministerio de Urbanismo a fin de conversar sobre la reforma aplicada en el reglamento del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis) y la ejecución de los US$ 47 millones para obras del sector, recursos que se prevé destinar para el plan de reactivación económica y que la institución ya tiene disponibles desde esta semana.

El viceministro de Vivienda, Julio Samaniego (en la mesa con el micrófono), se reunió con los representantes de los llamados SAT.
El viceministro de Vivienda, Julio Samaniego (en la mesa con el micrófono), se reunió con los representantes de los llamados SAT.Archivo, ABC Color

El viceministro de Vivienda, Julio Samaniego, recibió a estas organizaciones que prestan el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) y luego del encuentro comentó que uno de los aspectos que preocupan al sector es el vínculo contractual entre los SAT y las constructoras. Es que históricamente, las organizaciones han elegido a las “constructoras” que ejecutaban las obras, sin ningún concurso.

Se trata de uno de los aspectos más cuestionados al programa Fonavis, debido a la falta de transparencia y de libre participación de firmas que puedan recibir recursos del Estado. En medio de esos cuestionamientos, asumió el cargo Carlos Alberto Pereira, en noviembre último, en reemplazo de Dany Durand, por lo que con su equipo se abocó a aplicar reformas que permitan mantener la agilidad de los procesos.

Quieren celeridad

Óscar Barboza, representante de los SAT, señaló que apoya la reforma, pero que se pide más claridad en cuanto a las modificaciones, ya que hacerlo podría llevar bastante tiempo.

Por su parte, Laura Vera, directora jurídica del ministerio, explicó que con la Resolución N° 422 se establece que el grupo social beneficiado con viviendas será responsable de la elección de la constructora, a partir de la lista de las habilitadas por el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH). Además, el presidente de la organización, el representante de la constructora y el SAT deberán ceñirse al modelo de acta contemplado por la institución y deberá certificarse ante un escribano para dar fecha cierta al documento, fe de la identidad de los mismos y así, evitar las malas prácticas de competencia desleal.

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