Gobernador alega persecución y niega responsabilidad en facturas clonadas

El gobernador de Central, Hugo Javier, aseguró esta mañana que los concejales departamentales que denunciaron el caso de las facturas clonadas están molestos con él y sería ese el origen de la “persecución”. Aseguró que la Contraloría está verificando los papeles y -en caso de comprobarse la ilegitimidad de las boletas- exigirán el reembolso. Sin embargo, deslindó responsabilidades como organismo encargado de la planificación de las obras y los fondos, asegurando que solo la ONG debe rendir cuentas.

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Gobernador de Central, Hugo Javier.

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Hugo Javier se lavó las manos esta mañana por el caso de las facturas presuntamente clonadas por la ONG CIAP, que ejecutó obras en el marco de la reactivación económica. Aseguró que ni él ni la Gobernación, organismo encargado de ejecutar los G. 5.000 millones que fueron entregados a la organización, tienen “responsabilidad jurídica” en caso de que se compruebe la ilegalidad de los papeles.

Afirmó que sus distintos directores se encargaron de verificar las obras que fueron encargadas a CIAP y, según él, todas fueron desarrolladas correctamente y existen papeles que lo comprueban.

Sobre por qué destinaron tantos fondos a una organización en vez de llamar a licitación y llevar a cabo las obras desde la Gobernación, dijo que en el marco de la reactivación económica necesitaban salidas más rápidas porque las licitaciones públicas son “engorrosas y largas”.

“Es una opción lícita, no está prohibido; nadie saltó ningún proceso licitatorio, se optó por la transferencia para apoyar el crecimiento económico”, alegó el gobernador.

Cabe resaltar que este caso solo saltó a luz después de la denuncia realizada por los concejales liberales Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos. Hugo Javier fustigó contra ellos y dijo que solo se trata de una persecución. “Son concejales enojados porque les saqué de donde estaban”, acusó.

También destacó que la Contraloría y la SET ya están verificando todos los papeles y, de confirmarse la ilegalidad de los mismos, la Gobernación realizará la denuncia e iniciará el proceso necesario para que el dinero sea devuelto.

“Nosotros recibimos la documentación, Control Interno ve las facturas y se remite así a Contraloría. Nosotros no tenemos las herramientas necesarias para controlar la veracidad de las facturas, tenemos que remitir al organismo responsable y contralor, que sí tiene las herramientas”, recalcó, deslindando responsabilidades en el caso.

Sobre las obras, contó que son asfaltados y empedrados en algunas zonas de San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré y Luque, como ejemplo. Aseveró que todas fueron verificadas por la Gobernación y que son de buena calidad.

Sobre cómo eligieron a la Fundación Centro Integral de Apoyo y Promoción Profesional (CIAP), que ejecutó los proyectos, dijo que eso fue determinado por todo un equipo técnico de la Gobernación, que verificó todas las carpetas y por último las envió a su jefatura para la aprobación final.

“Es una de las tantas ONG registradas en Hacienda con quienes trabajamos, porque si están en Hacienda significa que están habilitadas para ejecutar proyectos. Y no es ilegal trabajar con las ONG; quisiera tener más recursos para ejecutar más proyectos con ellas”, enfatizó en contacto con ABC Cardinal.

Facturas presuntamente clonadas

Los concejales liberales Vaesken y Ávalos fueron quienes denunciaron días atrás las graves irregularidades en la rendición de cuentas del gobernador, sobre el uso de un millón de dólares destinado para ejecución de obras en la pandemia. Los ediles analizaron las facturas presentadas y, según ellos, constataron que existen comprobantes ilegales.

Los denunciantes aseguran que el Consejo Regional de Salud recibió de la Gobernación G. 1.276.400.000 y la fundación CIAP, G. 5.105.600.000. Uno de los boletos supuestamente clonados pertenece a la Distribuidora Santo Domingo, ubicada en Piribebuy, de donde CIAP adquirió artículos eléctricos por G. 208 millones, según factura 0005477, y materiales de construcción por G. 69.621.813, de acuerdo al comprobante 0005479.

Sin embargo, la empresa se dedica a la venta al por mayor de artículos de ferretería y calefacción, según averiguaciones de los concejales y no a la venta de materiales de construcción. Los ediles aseguraron que, según los representantes de la firma, la fundación no es cliente.

Otra empresa afectada es AR Electricidad, ubicada en Asunción, que se dedica a la venta de materiales eléctricos. Sin embargo, en la factura presentada por la Gobernación se detalla que CIAP adquirió materiales de construcción para empedrado por G. 14.600.000.

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