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Destaca que pisotea la Ley Nº 352/94, que es clara y firme al determinar que las áreas silvestres protegidas no pueden ser consideradas latifundios. También menciona otra norma marginada por la expropiación, la Ley Nº 6676/20, que prohibe la conversión de superficies con coberturas de bosques en áreas a ser destinadas a la agricultura o a asentamientos urbanos. La ARP expresa que si una ley, para nacer, debe violentar otras normas del derecho positivo, constituye un nefasto precedente de que la norma puede ignorarse, o de que una ley tiene un valor relativo, además de enviar un mensaje nocivo de que pueden orquestarse en ese marco nuevas invasiones y expropiaciones.
Enfatiza que dicha transgresión es más grave porque se expropiaron áreas silvestres protegidas, lo que podría considerarse como un ilícito por incumplimiento de normas medioambientales aprobadas de origen internacional, que forman parte de nuestro derecho.
Según el gremio de ganaderos, la interrogante a considerar es si la expropiación de 4.305 ha del área de reserva de Morombí, que violenta normas de la República, y que podría entenderse como una especie de confiscación, es el final de un conflicto político social, o es la apertura de nueva grieta para generar más invasiones, en claro desconocimiento de la garantía constitucional del derecho de propiedad. “La expropiación de Morombí podría ser un legado enormemente tóxico y nocivo al libre funcionamiento de las instituciones del país, y perjudicial al futuro económico, ya que puede interpretarse como un ítem negativo para las inversiones y la confianza de empresarios”, señala el manifiesto de la ARP. Finalmente, exige la defensa de los intereses nacionales y el respeto de la Constitución y de las leyes de la República.