Responsabilizan al TSJE por incertidumbre en la comuna de Corpus Christi

Alegre se reunió con ocho concejales titulares, que la semana pasada eligió como nueva intendenta a Ninfa Concepción Vera Peralta (PLRA) para sustituir al renunciante jefe comunal Carlos Vicente Riveros (ANR) que renunció para postularse de nuevo al cargo.

La nueva intendenta legítimamente electa sin embargo no pudo asumir porque el saliente jefe comunal con una junta paralela, compuesta por mayoría suplente, interpuso otro intendente de su confianza, el concejal José Martínez. Este es protegido por un grupo de personas armadas, supuestamente, que está en la entrada de la comuna, según las denuncias hechas por los concejales titulares en mayoría.

Efraín Alegre dijo que como medida de acción inmediata presentarán una intimación al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para que en un plazo de tres días resuelva el pedido de avocamiento existente ante dicha instancia. “En segundo lugar, presentar una denuncia en el ámbito penal por varios delitos contra el anterior intendente, el sinvergüenza Carlos Vicente Riveros, los concejales suplentes y los titulares, quienes eligieron a un intendente usurpador” precisó.

Explicaron que el 25 de febrero del año en curso, ante la inestabilidad y la indefinición del caso, se recurrió solicitando el avocamiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para dar un término a la existencia de una junta mau en la Municipalidad de Corpus Christi, pero la máxima instancia electoral tiene cajoneado el expediente.

“Hace cinco meses está guardado en el cajón el caso, lo cual hace que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sea cómplice de la situación que se está viviendo en este distrito”, señaló el abogado Efrén Silva, integrante de la comitiva del PLRA.

En el año 2015, seis concejales titulares fueron destituidos por ediles que responden al intendente Carlos Vicente Riveros (ANR), y fueron llamados los suplentes para asumir la banca de manera a conformar una junta municipal a la medida del ejecutivo, según la denuncia de los legisladores destituidos.

Sin embargo, un tribunal electoral del Alto Paraná emitió la resolución N° 10 de fecha 6 de abril del año 2017, en la cual se dispone una medida cautelar reponiendo a los seis concejales destituidos, y dicta una prohibición de no innovar confirmando a los doce ediles electos como titulares del cuerpo legislativo. Pero a pesar de la medida judicial, Carlos Vicente Riveros legitimó y mantuvo a la junta paralela y dejó de lado a los ediles titulares.

El profesional señaló que la conformación de la junta paralela a gusto del ejecutivo saliente constituye un concurso de delitos penales entre los que mencionó, producción de documentos públicos de contenido falso, usurpación de cargos, cobro indebido, estafa y asociación criminal.