Juicio a González Daher y a su hijo por enriquecimiento ilícito proseguirá el jueves

El abogado defensor Claudio Lovera solicitó este viernes y obtuvo del tribunal de sentencia un plazo prudente para preparar la defensa, en atención a la igualdad procesal, ya que el Ministerio Público también fue beneficiado con un tiempo especial para preparar sus alegatos finales. El tribunal colegiado dispuso que el juicio oral prosiga el próximo jueves 5 de agosto, a las 8:00, con la exposición de los alegatos finales de la defensa.

Individualizaron cuentas

Esta mañana, en la continuación del juicio oral, el Ministerio Público individualizó las cuentas bancarias sobre las cuales el tribunal de sentencia debe ordenar el comiso especial. En el caso del acusado González Chaves, el monto sobre el que se pide el comiso es de G. 51.000 millones, y por parte de González Daher es hasta cubrir el monto de G. 5.826 millones.

El comiso especial está previsto en el Artículo 90 del Código Penal, que dispone: “Privación de beneficios o comiso especial 1º Cuando el autor o el partícipe de un hecho antijurídico haya obtenido de éste un beneficio, se ordenará la privación del mismo”.

El comiso especial no requiere que la sentencia se encuentre firme, para decretarlo.

Diez años de prisión

En sus alegatos finales, realizados ayer, jueves, los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron al tribunal de sentencia la imposición de 10 años de pena privativa de libertad para González Daher y González Chaves. Para la Fiscalía, los acusados son plenamente responsables de los hechos punibles de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Los representantes del Ministerio Público indicaron que tanto González Chaves como González Daher se han enriquecido indebidamente y que el producto de esta ilicitud lo han “lavado” a través de la empresa Príncipe de Savoia, creada solamente para este efecto.

Los acusados, asimismo, se han valido de la declaración falsa para evitar que numerosas cuentas bancarias así como innumerables bienes inmuebles no fueran declarados ante la Contraloría General de la República como parte del patrimonio de ambos, a pesar de que estaban obligados por ley, por ser funcionarios públicos.

González Daher, en los periodos investigados que abarcan el 25 de setiembre de 2008 al 25 de setiembre de 2018, ejercía el cargo público de senador de la República, y en el caso de su hijo González Chaves, el de concejal municipal de la ciudad de Luque.

Los montos señalados, de G. 51.000 millones y de G. 5.826 millones, son las sumas de los patrimonios de González Chaves y González Daher, respectivamente, que no pueden justificar como obtenidos de forma lícita. Es por ello que el Ministerio Público solicita al tribunal de sentencia que disponga el comiso especial de los mismos.

Como el hecho punible de lavado de dinero prevé pena de cárcel de hasta 10 años, la expectativa de prisión para ambos acusados, en caso de recaer una sentencia condenatoria, es de hasta 15 años de penitenciaría por el concurso de los delitos.

Privación para ejercer funciones públicas

Como pena complementaria, y atendiendo a la gravedad de los hechos que son juzgados en la presente causa, el Ministerio Público requirió también al tribunal de sentencia que a los procesados ex legislador colorado cartista González Daher y su hijo González Chaves se les imponga la prohibición de ejercer funciones públicas por el plazo de 10 años.

Este juicio es seguido con mucha atención por los Estados Unidos. Ayer, el asesor legal residente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian Skaret, estuvo en la primera fila en la sala de juicio oral y público, acompañado de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Ambos siguieron atentamente los alegatos finales de los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.

El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Departamento de Estado, había calificado al acusado exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista), así como al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y al procesado diputado y candidato a intendente de Ciudad del Este Ulises Quintana, ambos también de ANR, como “significativamente corruptos” debido a sus participaciones en hechos ilícitos.

Esa declaración pública, que se oficializó a través de la Embajada de EE.UU. en Asunción, conlleva otro castigo que consiste en la prohibición de por vida de que los citados ingresen a aquel país del norte. Alcanza también a las respectivas familias de González Daher y de Díaz Verón.