Ediles centralinos denunciantes de la clonación de facturas califican de vergonzosa la actitud de la Fiscalía y de la CGR

AREGUÁ. Los ediles liberales Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos aseguran que tanto la Fiscalía como la Contraloría General de la República (CGR) son cómplices del esquema político al cual pertenece el gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR cartista), motivo por el cual “la investigación es lenta”. Además, repudian las declaraciones de la fiscala general del Estado cuya actitud es “una vergüenza”, indican.

El gobernador de Central Hugo Javier González sigue gozando del silencio cómplice del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República.
El gobernador de Central Hugo Javier González sigue gozando del silencio cómplice del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República.gentileza

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“Mientras un colorado investigue a otro colorado será imposible, es vergonzoso”, sostuvo el concejal Roque Ávalos, refiriéndose al titular de la CGR, Camilo Benítez, en vista de que el ente contralor aún no culminó la auditoría realizada a la rendición de cuentas de la Gobernación de Central sobre el uso de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales de 2020) que el Ejecutivo otorgó a la institución departamental para la reactivación económica durante la pandemia. Benítez fue recientemente reelecto en el cargo por unanimidad de los diputados.

El edil también señaló que tanto la CGR como el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, son cómplices de la “claque colorada” que “no reacciona” contra los hechos de corrupción irrefutables cometidos por el gobernador Hugo Javier con el fondo de emergencia por covid-19.

“El ladrón de patos ya está preso, pero el que malgastó más de G. 6.000 millones se sigue paseando por todo el departamento Central”, señalaron indignados Vaesken y Ávalos.

“Antes de las elecciones no pasará nada”

Los ediles denunciantes lamentaron que el fiscal Estigarribia no tenga en cuenta la denuncia hecha por la Subsecretaría de Estado (SET) y la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), el pasado 8 de julio, sobre la rendición de cuenta de la Gobernación.

Afirman además que “antes de las elecciones municipales del próximo 10 de octubre no pasará absolutamente nada a pedido de los colorados”. Además dudan que la Contraloría sea “tajante” en el informe final y temen que el dictamen favorezca al gobernador Hugo Javier. También temen que el Ministerio Público “no castigue al verdadero culpable”.

“El Ministerio Público cree que la gente es tonta y que no entiende lo que está pasando. Ellos se burlan de todos, no puede ser que hasta ahora no tengan todos los elementos para que se den cuenta de que existen muchas irregularidades. Es una vergüenza que la Contraloría aun no termine la auditoría. Todos son cómplices”, sostiene Ávalos.

Adrián Vaesken manifestó que las declaraciones de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez “son una vergüenza”.

“No puede ser que una persona con semejante cargo y responsabilidad se desentienda de lo que ocurre. Es una vergüenza tanta impunidad por parte del Ministerio Público, siguen siendo complacientes con el gobernador”, dijo Vaesken.

Por su parte, Ávalos agregó que Quiñónez “es la jefa del fiscal Estigarribia y es ella quien tiene que darle seguimiento al caso y apurar, no dilatar y pedir tiempo para saber si hay o no culpables”.

Contraloría no informa

Hasta la fecha la CGR no concluyó la auditoría realizada a la Gobernación de Central sobre el uso de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales del 2020). Según fuentes, no se emitirá el informe final hasta después del 10 de octubre, día de las elecciones municipales, “para no dañar la imagen del Partido Colorado”, teniendo en cuenta que el gobernador de Central Hugo Javier (cartista), pertenece a esta línea política.

Al respecto, el director de Rendición de Cuentas de la CGR, Emilio Ferreira, dijo que “independientemente a las elecciones, eso va a salir a más tardar a fin de setiembre, por lo menos así está programado”, explicó. Una vez notificado Hugo Javier, tendrá cinco días hábiles para presentar su descargo incluso puede pedir prórroga. Posteriormente, la CGR tendrá diez días más para analizar nuevamente el descargo para emitir una conclusión final.

Al ser consultado sobre el supuesto retraso intencional de la conclusión de la revisión, indicó que es nuevo en el cargo y que “cree” que no es así.

Antecedentes

La Gobernación de Central recibió del Ejecutivo en diciembre de 2020 la suma de G. 6.382 millones para la reactivación económica en el departamento Central durante la pandemia. Entre enero y febrero de 2021, el gobernador Hugo Javier repartió totalmente el dinero a dos organizaciones “sin fines de lucro”.

La ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, recibió G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones.

Las irregularidades sobre el uso del dinero fueron ratificadas tras una auditoría hecha por la Secretaria Nacional de Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE). Pero hasta la fecha nadie fue procesado.

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